El debate sobre el nuevo marco de la Política Agrícola Comunitaria no ha hecho más que empezar y tanto países como comunidades autónomas están en estas semanas fijando las posturas que van a mantener y decidiendo sus prioridades. La de España va a ser que se mantenga la rentabilidad de las explotaciones y la de Andalucía que haya un presupuesto suficiente. A priori no parecen cuestiones antagónicas, sino más bien complementarias. Al campo andaluz y español le vendrían bien que ambas administraciones respaldasen las mismas premisas, pues daría más fuerza a sus argumentos. Pero aún es pronto para saber como devendrá todo. Los participantes han empezado a acercarse a sus casillas de salida, y hay que estar atentos a la partida porque el país se juega mucho.

Tras el último Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, presidido por la ministra Isabel García Tejerina en la sede del Ministerio, con la participación de los consejeros del ramo de las Comunidades Autónomas, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Carlos Cabanas, ha mantenido que es fundamental que la futura PAC vaya dirigida al mantenimiento de la renta de los agricultores y, por tanto, a la rentabilidad de las explotaciones.

La consejera andaluza ha pedido al Ministerio detalles sobre la reunión de finales de mes

En la reunión se analizaron los temas que se abordarán en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, donde destacan las primeras discusiones sobre reforma de la Política Agrícola Común después de 2020. Cabanas señaló que la Presidencia maltesa va a proponer un debate a raíz de la consulta pública que se inició el pasado 2 de febrero, por parte de la Comisión Europea. Para ello, Malta ha elaborado un documento que refleja la posición de la Presidencia sobre las prioridades que debe contener la PAC de cara a las discusiones futuras, como la seguridad alimentaria, defensa de los agricultores, temas medioambientales o sanidad animal.

La Presidencia maltesa ha elaborado un cuestionario con dos preguntas: en la primera de ellas pide a los Estados una valoración sobre qué prioridades deben estar en la discusión de la futura PAC; y la segunda se refiere al equilibrio que tiene que existir entre los pilares de la PAC.

Para la determinación de la postura española tendrá una especial relevancia la conferencia prevista para los días 27 y 28 de marzo, pues contará con la participación de las comunidades autónomas, las organizaciones agrarias y medioambientales, y aquellos sectores interesados en explicar su posición sobre la futura política agraria.

El secretario general comentó que en el próximo Consejo de Ministros de la UE la delegación alemana presentará las conclusiones de la reunión del G-20 de Agricultura, celebrado el pasado 22 de enero, en el que se abordaron cuestiones como la agricultura y el agua, resistencias antimicrobianas, y el futuro de la agricultura para garantizar el abastecimiento de alimentos a la población mundial.

Asimismo, la Comisión va a presentar un proyecto de voluntariado para jóvenes, financiado por la propia Unión Europea, para trabajar en temas como la integración medioambiental o la salud pública, entre otros.

Por su lado, la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz, quien participó en los Consejos Consultivos de Política Agrícola y Pesquera para Asuntos Comunitarios a través de videoconferencia desde Almería, insisitió en la necesidad de que la Política Agrícola Común (PAC) cuente con "presupuesto suficiente" en el próximo marco 2021-2027.

Para la representante del Gobierno andaluz, "se trata de un eje fundamental para el desarrollo económico y del medio rural para Andalucía y queremos que tenga dotación suficiente y que se puedan recuperar los más de 900 millones de euros que perdimos con el reparto que hizo el Gobierno central a las comunidades autónomas".

Su departamento ha informado de que con vistas a esta reforma de la política comunitaria, un equipo especializado de la Consejería está trabajando desde hace varios meses en la definición y desarrollo de la posición andaluza ante esta nueva PAC.

En cuanto a la reunión de marzo con las comunidades autónomas, la consejera ha pedido a la ministra que aclare si el encuentro va a tener carácter de conferencia sectorial o se va a tratar de una conferencia informal, así como que dé a conocer los asistentes previstos.

Para Carmen Ortiz, es necesario que el Ministerio comunique formalmente y en la mayor brevedad estas cuestiones, así como la hoja de ruta que tiene previsto seguir para ir configurando la posición sobre las negociaciones de la PAC después de 2020.

Entre las prioridades para el próximo marco, la consejera se ha referido a la posibilidad de avanzar en la simplificación administrativa y conseguir que la PAC sea "más justa" y esté "más adaptada a las necesidades del mercado, que favorezca a la sostenibilidad y contribución al cambio climático de las producciones agrícolas". Además, para la consejera Ortiz, la futura PAC debería "reforzar el relevo generacional y fomentar las actividades económicas y el desarrollo en los núcleos del medio rural".

Otro de los elementos fundamentales para la PAC después de 2020 a los que se ha referido Carmen Ortiz es la necesidad de seguir trabajando para reforzar los mecanismos de regulación de mercados ante las recurrentes situaciones de volatilidad de los precios. Según la responsable andaluza de Agricultura, "hay que mejorar los mecanismos jurídicos de control de la competencia y reforzar la posición en esa negociación de agricultores y ganaderos".

La consejera ha recalcado que Andalucía participará "activamente" en este debate de futuro, defendiendo las ayudas directas, "fundamentales para el mantenimiento de las rentas, y políticas que sigan haciendo posible la vida en muchos pueblos". Por último, ha destacado el importante papel de esta política comunitaria que, hasta la fecha, "ha sido un balón de oxígeno fundamental para el campo y el entorno rural" de la comunidad autónoma.

La Consejería se ha quejado en reiteradas ocasiones por considerar que la reforma de la PAC 2014-2020 diseñada por el Gobierno central ha hecho perder a Andalucía de 900 millones de euros, ya que el reglamento actual excluye de estos incentivos a sectores que se encuentran en riesgo de abandono como el olivar de secano en pendiente, el trigo duro o la uva pasa; y da un apoyo insuficiente a la remolacha de siembra otoñal, el ganado caprino y los frutos de cáscara de secano y en pendiente.

En unas recientes jornadas sobre la PAC realizadas por Asaja-Sevilla, Ortiz afirmó que la PAC "seguirá siendo muy necesaria para hacer frente a los grandes retos" del sector. Entre estos desafíos, destacó cuestiones universales, como la globalización, el crecimiento de la población mundial o el cambio climático; y otras particulares de Europa, como el relevo generacional, el aumento de la participación de la mujer o la mejora de la competitividad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias.