AGR Almeria

10.000 hectáreas del Poniente, a la espera de regular sus pozos

  • La plataforma para la defensa de las aguas privadas denuncia que la Junta aún no ha movido ficha para la regularización de los sondeos alegales que, según afirman, afectan a más del 50% de las comunidades de regantes

Más de la mitad de las comunidades de regantes del Poniente almeriense tienen sus pozos sin inscribir en el catálogo de aguas privadas, o lo que es lo mismo, son alegales. Ha pasado justo un año desde que Diario de Almería se hiciera eco por primera vez de esta situación que provocó un cierto clima de preocupación, ya que se trata de un requisito indispensable para que la provincia pueda recibir unos fondos operativos a través de las Organizaciones productores de frutas y hortalizas (OPFH) que son indispensables para el desarrollo del sector y que este 2017 ascienden a más de 57 millones de euros. La cuestión no es baladí, ya que se ha convertido en un inconveniente que puede llegar a ser un problema de calado para la agricultura almeriense, más aún cuando la realidad es que son más del 50% las comunidades de regantes de la comarca del Poniente las que no cuentan con sus sondeos al corriente, lo que equivale a 10.000 hectáreas de cultivo intensivo que están siendo regadas con un agua que no tiene los papeles en regla, apróximadamente, tal y como aseguran desde la Plataforma por la Defensa de las Aguas Privadas del Poniente Almeriense.

Cuando saltó la noticia, desde la Junta de Andalucía reconocieron que "hay algunos agricultores y OPFHs que necesitan completar los requisitos administrativos sobre los derechos de agua", y manifestaron el compromiso de solucionar esta situación antes de que acabara el pasado 2016. Para ello, las Delegaciones de Medio Ambiente y Agricultura, junto a Coexphal y Feral se pusieron a trabajar para solucionar esta situación a la mayor brevedad y la hoja de rutaasan pasaba por visitar todos y cada uno de los los sondeos en esta situación de alegalidad y facilitar a sus responsables los trámites burocráticos para inscribirlos en el catálogo de aguas privadas.

Un año después, "por aquí no se ha pasado nadie. Es una situación incomprensible, porque se está jugando con los fondos operativos y por tanto con el futuro de la agricultura almeriense", reconoce Juan Rodríguez, presidente de la Plataforma de Aguas Privadas, nacida en 2007 y constituida a través de algunos los regantes que en su día se dieron de baja de la Comunidad de Usuarios Sierra de Gádor por desavenencias.

Actualmente, esta Plataforma aglutina un total de 25 pozos, 4.500 agricultores y en torno a 6.000 hectáreas de cultivo representadas en 23 comunidades de regantes, de las cuales 10 tienen sus pozos sin regularizar, tal y como aseguran Juan Rodríguez y José Manuel Manzano, presidente y tesorero de Aguas Privadas, respectivamente.

En este punto, asalta la duda de saber cómo operan estos pozos aún no estando inscritos en un catálogo que normalizaría su situación y cuyos responsables llevan desde 2008 solicitando su inclusión sin suerte. "Agricultura no admite los certificados de las comunidades de regantes si no están legalizadas, pero sí lo hace si van con la firma de la Junta Central de Usuarios del Poniente", explica Rodríguez, quien apunta además que "en la Plataforma contamos con unas 15 comunidades que tienen los caudales reducidos, menos de lo que les corresponde. Ahí comenzamos un litigio contra la Junta de Andalucía, a la que le llevamos como una quincena de procesos judiciales ganados". A esos regantes que fueron a juicio pidiendo el caudal que entendían legítimo en sus pozos se les anuló la inscripción, es decir, el juez los dejó en un estado de alegalidad a expensas de que Medio Ambiente cumpliera con su parte: inscribirlos en el catálogo de aguas, tal y como dictaba la sentencia. "El juez retrotajo las actuaciones al inicio. En lugar de fallar por el caudal en exclusiva, lo que hizo fue instar a que las inscripciones de los pozos se hicieran de nuevo. Es decir, anular la vieja para hacer una nueva y llevamos cuatro años esperando para que la Junta cumpla con su parte".

Esta concatenación de despropósitos deja un buen número de pozos sin inscribir en el catálogo de aguas privadas. Aún a la espera de hacerlo, las comunidades afectadas que forman parte de la Plataforma han tenido que adherirse a la Junta Central de Usuarios del Poniente para tener un certificado y de esa manera tener acceso a los fondos operativos. Algo que el propio Juan Rodríguez entiende de sus comuneros, "ya que es la única manera de acceder a las subvenciones. Yo soy el primer conocedor de lo complicado que es todo esto, pero ya no cabe otra que denunciar una situación que no se puede sostener y dar una solución desde la legalidad a los muchos sondeos que todavía hoy no operan con todas las de la ley".

La sociedad almeriense está cada vez más concienciada de la importancia de preservar unos recursos hídricos que van escaseando y en el caso particular del sector agrario más aún, después de los últimos años de sequía.

Este contextose le da una mayor importancia si cabe a la gestión de este bien para el futuro más inmediato, ya que es el elemento más importante para la producción de frutas y hortalizas y con gestiones como la actual se puede poner en riesgo la viabilidad del que es el motor económico de la provincia.

Así, la situación de los pozos alegales continúa enquistada y quien conoce mejor su entramado avisa que la magnitud que alcanza este problema puede poner en riesgo las ayudas europeas, además de dañar la imagen de un modelo, como es el de la despensa de Europa, que es un referente en el mundo.

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