Almería

El ex alcalde de Albox presenta recurso de amparo al Tribunal Constitucional

  • Rogelio Mena considera que "se ha vulnerado el derecho a la tutela efectiva y el derecho a la presunción de inocencia"

El ex alcalde de Albox, Rogelio Mena, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional al entender su defensa que en el proceso seguido en Almería “se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la presunción de inocencia”.

Esta “vulneración de derechos” se refiere a que “no se han tenido en cuenta las pruebas testificales del secretario e interventor del Ayuntamiento, de tal forma que se ha dado credibilidad a las declaraciones del denunciante, que es su contrincante político y al que Mena ganó las elecciones, pero no las declaraciones de dos funcionarios, testigos cualificados y fedatarios públicos”, afirma la defensa.

El recurso presentado a raíz de la sentencia que le ha inhabilitado durante dos años y medio, defiende que “igualmente se ha vulnerado el derecho de Tutela Judicial Efectiva”, concretamente en lo que se refiere a la intervención en la causa del letrado que prestaba servicios como asesor externo del Ayuntamiento de Albox “siendo ésta la persona que elaboró las dos resoluciones denegatorias de información solicitada por el denunciante y que ahora figura como investigado por un presunto delito de falsedad de documento público”. Mena fue condenado a raíz de una denuncia presentada por el portavoz de la oposición (PP) debido a que no se le entregaba información solicitada.

El recurso está avalado por una amplia jurisprudencia que defiende la vulneración de los derechos establecidos en los artículos 24 y 24.2 de la Constitución Española. Así, pide al Constitucional que anule la sentencia que le condenó (290/2015 del Penal 1 de Almería) y le restituya de sus derechos.

Rogelio Mena afirma sentirse “tranquilo porque soy absolutamente consciente de que soy inocente, y eso sin entrar a valorar de que un juez en Madrid interprete que una alcaldesa de Jerez no tenga porqué saber lo que firma un técnico de su ayuntamiento para contratar millones de euros, mientras que en Albox no se entregue una información

cuesta una inhabilitación de dos años”, afirma.

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