La presentación pública de la auditoría realizada en Macael terminará en manos del Fiscal, para que sea la justicia quien determine si ha habido o no, algún tipo de delito contra la administración pública. Así lo ha decidido el gobierno municipal después de ofrecer un resumen económico de la gestión del ex alcalde socialista Juan Pastor y cuyos datos se desprenden del análisis de las cuentas municipales correspondientes a los años 2007 al 2010 realizada por la empresa auditora Graudi S.L.P.

Unos trescientos vecinos asistieron a la explicación técnica que realizaron los auditores Sebastián Carbajo y Pedro Maza, acompañados por el alcalde Raúl Martínez y el teniente alcalde Guillermo Casquet, encargados de bajar a lo terrenal los números rojos de un ayuntamiento que cifra en más de 18 millones de euros el total de la deuda. Para los responsables políticos del municipio "el anterior equipo de gobierno vivía a todo tren, aún cuando eran concientes de que los números indicaban lo contrario; y para ello no dudaron en falsear las cuentas".

Con lujo de detalles Casquet, entonces concejal en la oposición, mostró documentación donde aparecían obras facturadas dos veces, o desgranó la metodología que según él, utilizaba el antiguo equipo de gobierno para que le llegaran subvenciones, algunas de ellas reclamadas en la actualidad por la Junta de Andalucía. Uno de tantos ejemplos fue la obra de reforma del Ayuntamiento, de la que "existen indicios razonables de una posible responsabilidad penal", según los auditores.

Esta obra, detallan, se adjudica a una empresa por un importe de 341.000 euros. Posteriormente deciden ejecutar una segunda fase por importe de 698.000 euros, y sin utilizar el procedimiento legalmente establecido se adjudica a la misma empresa que realizó la primera fase. Luego se decide ejecutar una tercera fase por importe de 597.198 euros que se adjudica a la misma empresa. De aquí se deduce que "no deja de ser una adjudicación directa pues se adjudica a la misma empresa, por tanto la segunda y tercera fase tenían que haberse tramitado por la cuantía de las mismas a través de un procedimiento abierto o restringido, bajo la forma de adjudicación de concurso o subasta. El coste inicial de la obra era de 341.000 euros y finalmente se realizó por 1.636.214 euros"; estiman que si estas fases se hubieran sacado a concurso "el ahorro podría haber supuesto una rebaja en el coste de la obra de unos 400.000 euros".

En el apartado de personal se concluye que "el Ayuntamiento en este periodo de gestión, carece de un sistema de selección de personal temporal así como relación de puestos de trabajo. También se han realizado pagos y gratificaciones a miembros de la anterior corporación. La contratación de personal laboral sin que conste procedimiento de selección, podría incardinarse en el delito de prevaricación".

Posibles delitos urbanísticos como otorgar 14 licencias de primera ocupación sin estar concluidas las obras, o contrataciones de forma directa a una empresa por importe superior al millón de euros, figuran entre las irregularidades detectadas.

Comilonas, carajillos, chuletones y gin tonic a cargo del erario público, sumado a lo ya mencionado en la edición de ayer, como el desvío o desaparición de subvenciones, fondos finalistas hasta incluso los aparatos de la TDT, financiados por la Junta pero que no están en ningún lado, han provocado la decisión de llevar ante la justicia el detalle completo realizado por los profesionales de la empresa auditora Graudi S.L.P. y que en los próximos meses podría tener consecuencias.