El Ayuntamiento amenaza con no depurar las aguas del Bajo Andarax

  • Pone sobre la mesa la ruptura del convenio con la Junta por "incumplimientos" cuando las obras no han hecho más que empezar · Afecta también al suministro de agua desalada

Los siete municipios del Bajo Andarax corren el riesgo de quedarse sin agua desalada y sin poder depurar sus residuos fecales. El Ayuntamiento de Almería ha puesto sobre la mesa la ruptura del convenio con la Junta de Andalucía, una drástica medida que podría afectar a los 30.000 habitantes de dichas localidades, y acusa a la Administración andaluza de consentir un presunto delito medioambiental.

No es la primera vez que desde el Consistorio se amenaza con dejar sin suministro de agua desalada al Bajo Andarax, pero nunca se había puesto sobre la mesa con tanta contundencia máxime cuando acaban de comenzar las obras para la implantación de las redes de abastecimiento y saneamiento.

El conato se debe a las recientes declaraciones de la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, en las que se confirmaba que la Administración andaluza no acometerá de momento la construcción de una nueva depuradora en la capital y acusaba, además, al Ayuntamiento de incumplir el convenio de 2004, firmado con carácter definitivo en 2006. "Si dos partes no están contentas, el convenio se rompe. La consejera dice que no lo está, y nosotros estamos convencidos de que no han hecho nada". Se refiere el concejal de Obras Públicas y Servicios Urbanos, Francisco Amizian, a los cuatro puntos básicos del citado acuerdo, a través del cual Almería capital se comprometía a suministrar agua desalada y depurar las fecales del Bajo Andarax.

La Junta asumía a cambio la obligación de ampliar la actual depuradora, a construir una nueva tras la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, a trasladar las balsas de las Cuatro Vegas, a solucionar el problema de emisarios de la playa de El Palmeral y a conectar los depósitos de La Pipa con el Cerro de San Cristóbal para permitir que la capital, en su totalidad, pueda beber agua de la desaladora. "De eso, casi nada", apuntó ayer el portavoz del PP, Pablo Venzal.

El denunciado "incumplimiento" está generando, según Amizian, muchos problemas a la capital. El más grave son los vertidos ilegales de aguas fecales causados por la sobrecarga de la actual depuradora, que está afectando a barrios "muy desfavorecidos" como El Puche. "De nada sirve hacer las conducciones, si no tenemos una nueva depuradora", criticó el edil.

El concejal de Obras Públicas instó ayer a la Fiscalía de Almería a investigar la posible dejación de funciones de la Consejería de Medio Ambiente que, según el edil, está consistiendo desde hace años estos vertidos procedentes de municipios del Bajo Andarax. Advierte, además, de que si en el plazo de dos meses la Junta "no actúa, iremos a los tribunales".

El responsable municipal responsabiliza también al Gobierno andaluz de que el Ayuntamiento "no pueda construir todavía" las trescientas viviendas de protección oficial previstas en Costacabana "por no haber trasladado las balsas".

Tanto Venzal como Amizian han hecho hincapié en que, como representantes municipales, están velando por los intereses de los residentes de la capital, así como en el carácter solidario que el Consistorio está manteniendo con los municipios cercanos. "La dejación de la Junta la estamos pagando los ciudadanos de Almería con el IBI, los recibos de la basura y demás impuestos, cuando el suministro de agua potable y el tratamiento de las aguas residuales son servicios esenciales de cualquier municipio del siglo XXI y de obligado cumplimiento por la Unión Europea", afirmó Venzal.

La depuración de los residuos le cuesta al Consistorio capitalino un millón de euros, lo que supone el 60% de los recibos del agua. "Los almerienses no tenemos la culpa de que la Junta no solucione sus problemas. Es kafkiano", remachó el concejal de Obras Públicas.

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