La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal nigeriana dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y han liberado a cuatro víctimas, además de detener a cinco presuntos miembros de esta red en las provincias de Madrid y Almería, donde estaba asentada.

La Comisaría de Almería ha informado en una nota de que las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución en un clima de amenazas, palizas y coacciones para saldar una deuda que ascendía a los 30.000 euros, con servicios sexuales cuyo precio iba de los 20 a los 30 euros, en función del tiempo que permanecieran con los clientes.

Las investigaciones iniciadas en Almería revelaban que varias ciudadanas nigerianas estaban en situación de explotación sexual y que ejercían la prostitución callejera en el centro de Madrid y en cortijos y pisos de la provincia de Almería.

La organización criminal de origen nigeriano, asentada en Madrid y Almería, tenía su ámbito de actuación en distintos puntos del territorio nacional y obligaba a sus víctimas mediante amenazas y palizas a prostituirse aprovechándose de la situación de vulnerabilidad de las mismas.

Algunas de las víctimas utilizaron la misma ruta hasta llegar a Italia, de forma que su destino final era la explotación sexual, primero en Madrid y Almería respectivamente para terminar algunas de ellas en un cortijo de Níjar.

Según el relato de dos de las víctimas, estas fueron captadas en Benin City (Nigeria) y desconocían el trabajo con el que se ganarían la vida a su llegada a Europa.

Ambas víctimas iniciaron el viaje pasando por las ciudades de Lagos y Kanu y a continuación atravesaron el desierto llegando a las ciudades de Agadez y Arlit, en Níger. Al llegar a Tamanrasset (Argelia) y luego a la ciudad libia de Misurata, partieron hasta Italia en patera.

Una vez allí realizaron un recorrido diferente, una de ellas viajó en autobús desde Bolonia hasta Almería acompañada por el principal miembro de la organización, y en el caso de la otra víctima su viaje fue en avión desde Turín, también junto a un miembro de la red, hasta Madrid.

La Policía Nacional asegura que también fueron sometidas a rituales de vudú y bajo juramento se comprometieron a no denunciarles, a que no se escaparían y a que todo el dinero que obtuvieran ejerciendo la prostitución deberían devolverlo en concepto de los gastos contraídos por facilitarles la documentación y trasladarles hasta España, alrededor de 30.000 euros.

Asimismo, debían añadir a esta cantidad gastos en concepto de manutención, residencia y billetes de medios de locomoción para sus explotadores.