Cerca de un millar de familias que presentan déficits para atender adecuadamente a las personas menores de edad a su cargo seguirán recibiendo la ayuda de la Junta a través de del Programa de Tratamiento a Familias con Menores en Situación de Riesgo o Desprotección. La Delegación del Gobierno de la Junta en Almería ha acogido el acto de firma de los nuevos convenios para el desarrollo de la iniciativa a la cual la Junta destinará en la provincia más de un millón de euros, que serán distribuidos entre la Diputación Provincial y los seis municipios con más de 20.000 habitantes. El delegado territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Almería, José María Martín ha rubricado esta mañana los convenios junto a los representantes de la Diputación Provincial de Almería y de los Ayuntamientos de Adra, Almería, El Ejido, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar. Estas entidades recibirán por parte de la Junta un total de 1.129.112 euros, para el desarrollo del programa, que complementarán con fondos propios. Estos Equipos de Tratamiento Familiar atienden en la actualidad a 918 menores y 473 familias, en el conjunto de la provincia de Almería. Todas y cada una de estas intervenciones llevan aparejadas la puesta en marcha de un Proyecto de Tratamiento Familiar, que tiene un carácter integral y trata de dar respuesta a todas las dificultades y carencias detectadas en cada una de las unidades de convivencia. La provincia de Almería cuenta con 12 Equipos de Tratamiento Familiar (ETF), de los cuales 5 son gestionados por la Diputación Provincial, con un ámbito de actuación en municipios de menos de 20.000 habitantes. Almería capital tiene otros 2 equipos, y los 5 restantes están ubicados en los municipios con población de más de 20.000 habitantes: Adra, El Ejido, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar. Estos Equipos son multidisciplinares y están formados por trabajadores sociales, psicólogos y educadores sociales, sumando un total de 38 profesionales. José María Martín ha destacado el papel esencial que desempeñan estos profesionales en la normalización del funcionamiento de las familias atendidas.