Almería

El Consistorio no puede cambiar el Algarrobico

  • Responden al TSJA que no tienen "capacidad normativa" para tocar el PORN del parque Cabo de Gata

El Ayuntamiento de Carboneras remitió ayer un escrito de contestación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en el que argumenta que no tiene "capacidad normativa" para "modificar" el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural de Cabo de Gata y, por tanto, lo que en el se recoge para el paraje de El Algarrobico.

El citado escrito, en respuesta al requerimiento efectuado por el Alto Tribunal andaluz para que en diez días acreditase las medidas adoptadas para devolver a la zona el nivel de protección como "espacio protegido no urbanizable" defiende, asimismo, que el Consistorio está cumplimiento de manera "escrupulosa" con los pronunciamientos judiciales ya que "no se ha autorizado ninguna actuación urbanística" en el sector desde que el Supremo ratificó la suspensión cautelar el PORN aprobado por la Junta en 2008.

Cabe recordar que la sentencia del TS ratificaba un fallo previo del TSJA que adoptó esta medida al estimar que el nivel de protección dado por la nueva normativa de la Junta a la zona como "núcleo habitado existente o zona transformada" dejaba la puerta abierta a la rehabilitación de inmuebles con uso turístico y, por tanto, "uso efectivo" del hotel de Azata del Sol con un "efecto devastador" medioambiental.

Fuentes municipales han precisado a Europa Press que, al margen de que se van a cumplir seis años de la paralización por orden judicial de las obras del inmueble, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Carboneras tiene suspendido su trámite de aprobación a la espera de que se produzca un pronunciamiento definitivo del TSJA sobre el PORN ya que, ha remarcado, de momento "se trata de medidas cautelares adoptadas en el marco de una pieza separada".

Para el Consistorio, el requerimiento efectuado por el Alto Tribunal andaluz a petición del colectivo Greenpeace parte de un "error de base" ya que la administración local "no puede decidir sobre un decreto al no tener potestad reglada", por lo que "correspondería a la Junta el decidir".

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