La comisión que estudiará la viabilidad de la adquisición del 75% de las participaciones de Aquarium de Almería SL, firma que gestiona el acuario de Roquetas de Mar, ya está en marcha. El pasado martes se creó de forma oficial este grupo durante la Comisión Informativa de Gestión de la Ciudad.

Tal y como se acordó en la sesión del Pleno extraordinario celebrado el pasado día 15 de abril, este órgano estará constituido a imagen y semejanza del comité de Gestión de la Ciudad, es decir, lo integrarán la totalidad de los partidos políticos del municipio y los servicios técnicos de Patrimonio municipal y Contratación.

La constitución de este comité salió adelante en el Pleno con los votos de PP y PSOE y las abstenciones de Izquierda Unida (IU) e Indapa, que consideraron que la propuesta debía ser más concreta y estudiada, ya que la empresa arrastra una deuda de alrededor de 3 millones de euros.

Desde el equipo de Gobierno, el alcalde Gabriel Amat, se mostró abierto a modificar la propuesta, es decir, a estudiar otras opciones alternativas a la adquisición del mencionado 75% de las participaciones, barajando diferentes modalidades pero siempre con la misma finalidad: salvar el Aquarium del cierre al que se ve abocado desde hace meses.

El propio regidor manifestó que la intención del Consistorio es "salvar las instalaciones poniendo los medios que tiene a su disposición", y es que las instalaciones, las más grandes de Andalucía en su segmento, constituyen una oferta medioambiental, cultural, educativa y turística para el municipio.

A principios de año el director del Aquarium de Roquetas de Mar, Enrique Fernández, anunció el plan de cierre del centro al no poder afrontar el pago de las facturas y los sueldos de los trabajadores.

A finales de enero saltaban las alarmas al anunciarse que Endesa podría cortar el suministro eléctrico debido a un impago de 9.500 euros y, aunque finalmente no se produjo gracias a la colaboración de varias entidades, Fernández estimó que sería necesaria una inversión de entre 70.000 y 100.000 euros para mantener abierto el centro hasta agosto.

Esta solución parcial exige un trabajo paralelo a través de un plan de viabilidad, y el propio Fernández apuntó a la necesidad de que tomaran parte las administraciones públicas.