Derriban otras dos casas de británicos en el Almanzora

  • Los propietarios tachan el acto de "vergüenza para el Estado español" La plataforma en contra de las demoliciones se concentró cerca de los inmuebles

"Estamos asistiendo al entierro de las inversiones extranjeras en esta comarca, en la provincia y en Andalucía", repetía el abogado y representante de la Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora-No, Gerardo Vázquez, ante la presencia de las palas que minutos después procederían a la demolición de las dos viviendas restantes en el paraje las Terreras de Cantoria. Un total de cuatro casas de esta pedanía estaban en los juzgados. Dos de ellas se derribaron en octubre del año pasado. Las dos restantes ayer martes 18 de noviembre. La hora señalada eran las doce del mediodía, pero la primera embestida contra las casas de Margaret y Peter Hegarty y Frank y Janet Dole, fue alrededor de la una, una vez desalojado el lugar y realizados los preparativos, ante la presencia de ciudadanos británicos, alcaldes de la comarca del Almanzora, el presidente de la Asociación de Empresarios de Albox, y representantes de AUAN y SOHA, asociación ésta que representa a propietarios de viviendas fuera de ordenación en la Axarquía de Málaga.

Antes de comenzar el derribo, se procedió a la lectura de un manifiesto redactado por AUAN pero leído por el presidente de la Mancomunidad de Municipios del Valle del Almanzora, Antonio Ramón Salas, cuyo contenido apela a "los derechos humanos de los propietarios de las viviendas, que requirieren recibir una justa indemnización antes del derribo. En Andalucía hay miles de casas en esta situación por lo tanto no se puede dar la espalda al problema, permitiendo el continuo goteo de órdenes de demolición". Asimismo, manifiestan que "la aplicación de la ley debería ser conforme a la realidad social sin que se pueda hacer una aplicación de la ley sin equidad o abusiva". Declaran que "se debe proteger a los compradores extranjeros y no ahuyentarlos, dado que actualmente estos sufren un desproporcionado rigor urbanístico, aun siendo compradores de buena fe", por ello, dice AUAN, los representantes municipales entienden que el fin no justifica los medios y que nada se consigue con estas demoliciones. También manifiestan "no entender la actuación de la Junta en este caso concreto y piden saber cuál ha sido la intervención concreta de la misma, asimismo, apelan a la regularización de las casas y dicen no entender "cómo se pueden demoler las viviendas en Cantoria que están en una de las zonas de posible regularización". El manifiesto termina con el lema "¡Basta de palabras, soluciones ya!".

En la misma línea se manifestó el alcalde de Cantoria Gaspar Masegosa quien reclamó "justicia por igual para todos, aunque sé que no es así".

Philip Smalley y Mario Blancke, de la Asociación SOHA de la Axarquí de Málaga, quisieron estar presentes en el acto improvisado pero reivindicativo por una solución integral a más de 300.000 viviendas en toda Andalucía. "Aquí las casas se construyeron ante los ojos de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos, por lo que entendemos que se podría incurrir en el delito de prevaricación por omisión"

Así, indignados y confundidos entre anuncios de soluciones y realidades de derribos, los protagonistas de estas historias manifiestan vivir con la espada de Damocles sobre sus cabezas. "Un buen día te das cuenta que has invertido los ahorros de toda tu vida en un lugar tranquilo y donde se suponía pasarías tus días, hasta que te das cuenta que lo que has hecho es ingresar en una pesadilla, un mal sueño del que es casi imposible salir".

Seguramente es lo que piensan los Hegarty y los Dole, jubilados con más de setenta años a quienes la realidad les robó sus sueños. A día de hoy, viven en Inglaterra, unos en un asilo de ancianos y otros en la casa de un hijo. Pagaron alrededor de 210.000 euros por cada una de sus casas, el esfuerzo de toda una vida. Ahora la pala mecánica ha tirado por tierra su pretensión de sol y tranquilidad. Al constructor se le pide por parte de la justicia, una indemnización de 79.000 euros, cifra alejada del precio que pagaron. Los abogados no tienen mayores esperanzas, ya que los promotores se declaran insolventes y los Ayuntamientos no son responsables subsidiarios. La película ya la han visto y por eso reclaman también al gobierno nacional que cambie las leyes y se les garantice una indemnización justa. Hasta que todo eso pase, y si aún siguen con vida, España para ellos, no será otra cosa, que aquel lugar donde vinieron a buscarse la ruina.

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