Diputación explica el contenido del Decreto que legaliza viviendas

  • Participan en la jornada técnicos, secretarios y políticos municipales

El Área de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Almería celebraba el pasado miércoles en Vera la última jornada técnica de las cuatro realizadas en toda la provincia con el objeto de explicar a técnicos, secretarios municipales y políticos locales, el desarrollo y aplicación del Real Decreto 2/2012 que reglamenta los aspectos relacionados con las construcciones en suelo no urbanizable. José Fernández Amador, Diputado Delegado del Área de Asistencia a Municipios, explicaba a Diario de Almería que "la finalidad de las jornadas es facilitar a los Ayuntamientos un modelo de ordenanza sobre suelo no urbanizable". El Decreto diferencia cinco tipos de situaciones jurídicas: los núcleos urbanos, los asentamientos, los hábitats rurales diseminados, más las viviendas fuera de ordenación y las asimiladas a fuera de ordenación.

Para José Fernández, "lo primero que hay que estudiar es en qué situación legal quedan esas viviendas. Hay algunas que quedan fuera de ordenación pero que son legales también, y hay otras que irremediablemente, con este decreto, quedan como viviendas ilegales y lo que dice el decreto es que hay que aplicar la disciplina urbanística". La norma urbanística en estos casos conduce al derribo de las construcciones.

De ahí que el Diputado de Asistencia a Municipios exprese que "entendemos que en el día a día y en las reuniones que hemos mantenido en otros municipios de la provincia, se ve que este decreto tiene muchas lagunas. Algunas cuestiones no están bien abordadas y otras, como viviendas que quedan fuera de ordenación y que en su momento han sido viviendas absolutamente legales con su licencia de obra perfectamente otorgada, han de recurrir a los Ayuntamientos para que se les clasifique como fuera de ordenación". De este modo, puede darse el caso de que construcciones antiguas, para que se les pueda considerar fuera de ordenación, tienen que presentar una documentación que, en opinión de Fernández Amador, es a todas luces abusiva.

José Fernández ilustra las posibles paradojas de la aplicación del Decreto con un ejemplo: "hablemos de una persona que va a arreglar el suelo o a picar una pared y que tiene que hacer el reconocimiento como de fuera de ordenación. Se le exige la entrega de un proyecto y pasar por una serie de trámites que una reparación que vale, es un decir, seiscientos euros, cuando va al Ayuntamiento a solicitar la licencia de obra tiene que gastarse tres mil euros en un proyecto, en un reconocimiento de su situación. En las reuniones ya mantenidas y en esta que se desarrolla en Vera, observamos que el Decreto no resuelve realmente todos los problemas que afectan a estas construcciones. En muchos municipios en lugar de dar una solución, lo que se está es generando problemas". Las conclusiones que se obtengan de las jornadas de la aplicación del Decreto, serán trasladadas por la Diputación a la Consejería.

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