Almería

La Fiscalía pide también 5,4 millones para los funcionarios del Mesón Gitano

  • Considera que los técnicos del Ayuntamiento han cometido delitos de prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas

La Fiscalía Provincial de Almería pedirá penas de cárcel para tres de los técnicos del Ayuntamiento de la capital que participaron en el proceso de adjudicación del proyecto y obra del Mesón Gitano, así como una multa de 5.400.000 euros, importe éste del presupuesto de ejecución del nuevo edificio construido a los pies de la Alcazaba. Considera el Ministerio Público que son responsables de tres delitos contemplados en el código penal: prevaricación, negociaciones prohibidas y tráfico de influencias. Este último es el que achaca también al presidente de la empresa que resultó adjudicataria, Facto, y al secretario de la misma mercantil, para los que la fiscal que lleva el caso solicita multa por la misma cantidad, así como prisión.

Los tres delitos que el Ministerio Público entiende que fueron cometidos por dos altos funcionarios más un tercer técnico que entonces trabajaba para el Consistorio figuran en el escrito de acusación formulado ante el Juzgado de Instrucción número 3, una parte del cual adelantó Diario de Almería en su edición de ayer. El texto completo de la acusación, además de recoger el delito de negociaciones prohibidas, achaca al que en el momento de la adjudicación era jefe técnico de Servicios Urbanos -actualmente, lo es de Comercio y Playas-, Juan de Dios Matarín, al jefe del servicio de Medio Ambiente, David Lozano, y al técnico José Luis Merelo la comisión de posible tráfico de influencias y prevaricación.

Por este último delito, Matarín se enfrenta a la petición de la Fiscalía de 9 años de inhabilitación de empleo o cargo público. Y por el delito de tráfico de influencias, a una pena de dos años de prisión, multa de 5.400.000 euros con responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago e inhabilitación por el tiempo de cuatro años y 9 meses. Por el delito de negociaciones prohibidas, la fiscal solicita dos años de prisión, multa de 24 meses a razón de 12 euros diarios e inhabilitación por un periodo de cuatro años.

Lozano y Melero se enfrentan a su vez a los 8 años de inhabilitación por posible delito de prevaricación; y la pena de un año y nueve meses de cárcel, multa de 5,4 millones e inhabilitación durante cuatro años por el delito de tráfico de influencias que la Fiscalía sostiene en su acusación. Por posibles negociaciones prohibidas, les requiere la pena de un año y medio de prisión, multa de 18 meses a razón de 12 euros diarios e inhabilitación por tiempo de tres años.

El Ministerio Público considera que procede imponer al presidente y al secretario de la empresa Facto, José Torrente y Antonio Alañón, penas de un año y nueve meses de prisión y multa de 5,4 millones de euros al estimar que pudieron cometer tráfico de influencias para resultar adjudicatarios de las obras del Mesón.

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