La constructura Sacyr no recibirá finalmente el pago de 1,4 millones de euros del lucro cesante por el retraso de las expropiaciones en el contrato para las obras del tramo del AVE entre Pulpí y Cuevas. Así lo han argumentado fuenets del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) que estaba obligado a indemnizar a la firma española después de una demora de veinte meses con la compra de los terrenos por los que discurre la línea y también para el traslado de los ejemplares de tortuga mora en base a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que recoge su derecho a reclamar el 3% del valor total del coste de la actuación.

El desarrollo de la plataforma de Alta Velocidad en un trazado de poco más de 12 kilómetros salió con un precio de licitación de 71,2 millones en el mes de marzo de 2015 y en julio se adjudicó a Sacyr por 33 millones, es decir, con una quita de más del 50% que ya en su día fue duramente cuestionada por los contratistas y partidos de la oposición. Desde esa fecha hasta la de la rescisión del contrato hace menos de un mes no se ha movido ni una sóla piedra en los terrenos al quedar parcelas sin expropiar y no haberse realizado tampoco el cambio de ubicación de la tortuga mora. En noviembre se planteó la empresa la anulación del acuerdo y presionó al ADIF con conseguir más financiación para el tramo a través de modificados de obra. La sociedad estatal no aceptó estos nuevos condicionantes después de una adjudicación casi temeraria y porque tampoco tenía culminado el proceso expropiatario. Es más, el acta complementaria de la comprobación del replanteo de 2016 recogía la imposibilidad de modificar los términos técnico-económicos del contrato.

Desde los partidos de la oposición en el Congreso se llegó a plantear que Fomento y Sacyr se sentaron a firmar un contrato que ya sabían que se rescindiría con el único pretexto de que el Gobierno del PP se sacudiera la creciente presión ciudadana existente en la provincia de cara a las elecciones generales. La entidad pública empresarial dependiente de Fomento se ha visto forzada a rescindir el contrato y la empresa inicialmente solicitó una indemnización de 1,4 millones pero ayer comunicó a este periódico que se va a resolver de forma negociada y que la dirección de la constructora no va a pedir ninguna compensación económica por la resolución. A partir de ahora habrá que volverlo a sacar a licitación, una tramitación que se va a demorar unos meses y que podría retrasar el inicio de obras hasta el próximo año como mínimo.

Fuentes de ADIF argumentaron ayer, además, que los datos sobre inversiones en el Corredor Mediterráneo que se han ido a los ejes y ramales hacia Madrid no supone ni mucho menos el 80% de las inversiones realizadas y por hacer, de un total de 17.460 millones, ya que esta cantidad sólo contempla la realización de proyectos entre Figueras y Algeciras y no se han incluido los tramos radiales desde Madrid hacia las capitales de Tarragona, Valencia, Albacete, Alicante, Sevilla, Córdoba y Málaga.