Greenpeace ha trasladado su "solidaridad" con el juez de lo contencioso-administrativo Jesús Rivera después de que este lamentase las "presiones" a las que se le había sometido tras dictar en 2008 la sentencia que declaró nula la licencia municipal de obras del hotel de Azata en el paraje del Algarrobico, en Carboneras. "Vivimos tiempos convulsos en los que se persigue a los jueces en vez de a los corruptos y el caso de El Algarrobico es otro triste ejemplo", ha señalado el colectivo en una nota, en la que muestra su "sorpresa" ante el hecho de que no solo los movimientos ecologistas "sufran presiones de constructoras y políticos de Almería" por proteger el Medio Ambiente.

El juez Rivera calificó como "sospechosa" la coincidencia en el tiempo de lo que tildó "trama de infortunios contra mí" con el citado fallo, en el que también ordenaba deducir testimonio contra Ayuntamiento de Carboneras y Junta de Andalucía ante indicios de presunta prevaricación y delitos contra la ordenación del territorio.

En concreto, apuntó al juez decano de Almería y al titular del juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 y a la modificación de las normas por las que se regía el reparto de las causas judiciales, de forma que el órgano judicial de Rivera duplicó su carga de trabajo hasta quedar "saturado". Para Greenpeace, en torno a la "gran mole de hormigón" en El Algarrobico "existen muchos escombros" aunque no se haya ejecutado su derribo. Ha aludido, en esta línea, a sus "intentos" de denunciar ante la Fiscalía Provincial de Almería "sin éxito alguno" a los cargos públicos que "con sus firmas y autorizaciones permitieron" la construcción del establecimiento "en un parque natural e invadiendo la playa".

"Las denuncias nunca han prosperado y aún queda que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva, tras los recursos del Ayuntamiento de Carboneras, si la licencia de obras es ilegal de pleno derecho en un pleito que se debería haber resuelto hace mucho tiempo y que sigue pendiente en el juzgado desde hace ya más de tres años", ha lamentado la organización, que, con su postura, se suma a Ecologistas en Acción.