Juan José G. S., el acusado de haber comprado un bebé por 10.000 euros a Sonia, una joven de 28 años de Villamartín (Cádiz), declaró ayer en la Ciudad de la Justicia de Almería ante el juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera (Cádiz). Su defensa es clara, dice que únicamente tuvo un "acuerdo puramente altruista" con una amiga que "lo ayudó a ser padre".

La Guardia Civil lo había detenido, junto a su pareja, por haber comprado la recién nacida de Sonia por una cantidad de 10.000 euros. La pareja homosexual residente en Vícar niega, a través de su abogado, que los hechos se hayan producido de tal forma, alegando, principalmente, que no se pactó ninguna cantidad y que solo financiaron los gastos del proceso de inseminación. Carlos Aránguez Sánchez, letrado de Juan José, manifiesta que su cliente deseaba ser padre y había mantenido una relación afectiva con Sonia, a quien propuso tener un hijo mediante inseminación artificial. Además, aclara que Juan José no pagó ninguna cantidad para comprar a su propia hija. "Abonó los gastos de la clínica de inseminación, así como otras pequeñas partidas para ropa y ajuar del bebé, ropa prenatal para Sonia, y atención médica privada". La niña fue concebida por reproducción asistida, por fecundación in vitro.

Además, el abogado apunta un dato que puede ser crucial para el proceso judicial: "En absoluto se ha alterado la filiación de la recién nacida: se promovió su inscripción en el Registro Civil, constando en todo momento como madre Sonia y como padre Juan José". De la misma forma que la Guardia Civil sostuvo que en la pequeña no se apreció en ningún momento desatención, Aránguez subraya que "jamás estuvo desamparada. Siempre estuvo debidamente cuidada y era especialmente querida".

Sobre el por qué Juan José se hizo cargo de los gastos de la inseminación artificial, el abogado precisa que "tiene una situación holgada, un poquito mejor que la de Sonia y por eso decidieron que cuidara de la bebé pero sin negar ningún tipo de derecho a la madre". El abogado hizo estas declaraciones después de que el titular del juzgado de instrucción número 3 de Arcos de la Frontera haya pedido también que se practique la prueba de paternidad y haya acordado mantener la suspensión cautelar de la patria potestad de la bebé, decisión que había adoptado tras tomar declaración a la madre.

Sobre esta medida cautelar, Aránguez explica que ha solicitado "la devolución inmediata de la menor", que permanece a cargo de los servicios de protección del menor de la Junta de Andalucía.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Arcos de la Frontera (Cádiz) dejó, después de tomar declaración, en situación de libertad con cargos a las tres personas detenidas por la Guardia Civil. A continuación, el mismo juzgado de instrucción solicitó una prueba de paternidad a Juan José, uno de los dos hombres detenidos acusados de comprar el bebé. Además, el juez suspendió la patria potestad sobre el bebé a la madre.