La Junta derriba dos viviendas en el paraje Las Terreras

  • Los otros dos inmuebles de la promoción están pendientes de demolición Se trata de la urbanización que inhabilitó al ex alcalde, Pedro Llamas

Comentarios 3

Los vecinos del paraje Las Terreras en el arroyo de Albanchez de Cantoria asistían ayer atónitos a lo que estaban viendo. Ante un fuerte dispositivo de seguridad, representantes de la Junta de Andalucía se personaron y cumplieron la sentencia firme de demolición que pesaba sobre dos de las cuatro viviendas construidas en la misma urbanización, obras realizadas por un constructor local. Las casas derribadas no estaban habitadas y las cuatro pertenecen a familias de jubilados británicos, cuyos procesos están en manos de dos despachos de abogados distintos. Tal vez en ese detalle se encuentre la explicación de por qué solo dos fueron derribadas y las otras dos permanecen en pie, a la espera de que se ejecute la sentencia.

Diario de Almería visitó el lugar de los hechos y tuvo acceso al testimonio de los vecinos y al de miembros de la plataforma Abusos Urbanísticos Almanzora-No (AUAN) que defienden lo que consideran "una estafa en toda regla, donde el Estado ha sido cómplice y los únicos que cargan con la culpa son los compradores que adquirieron sus viviendas de buena fe, a constructores afincados en la zona, y en algunos casos como el de la familia Prior, con una licencia municipal de por medio. Los integrantes de AUAN, al igual que los vecinos, mostraban su indignación ante lo sucedido. Según un testigo de lo hechos, "más de quince efectivos se presentaron esta mañana y solo tardaron 40 minutos en tirar cada una de las casas. El motivo de que ambas casas estuvieran vacías es que tanto ha sido el desgaste de estas familias de jubilados, que decidieron irse y abandonar sus viviendas".

Para Maura Hillen, portavoz de AUAN, quien también visitó el lugar y comprobó que solo quedaban montañas de escombros e incluso algunos objetos personales, testimonio de que allí alguna vez vivieron personas, "el auto del juez indica que los compradores han adquirido la vivienda de buena fe, por lo que habrá que indemnizarlos. Pero al parecer el Ayuntamiento no es responsable subsidiario y el promotor es insolvente. Este es un atentado contra los derechos humanos. Nadie sabe cómo se indemnizará a estas familias y lo único que les han dejado son escombros". Hillen, se ha mostrado muy crítica con el sistema judicial, al que ha calificado de "injusto" y añade que "si has tenido la mala suerte de que te hayan abierto un expediente te puedes quedar sin vivienda, pero si tienes una casa al lado, y esa vivienda por algún motivo no ha sido denunciada, pues no pasa nada. Es una lotería".

Las cuatro viviendas afectadas son además las que motivaban la renuncia del alcalde Pedro Llamas, tras ser inhabilitado por autorizarles el suministro de luz y agua. Con estas demoliciones se da cumplimiento tanto a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial, como a la vía administrativa emprendida por la Junta, que daba vía libre a su derribo en 2007.

La actuación responde a la petición de ejecución forzosa realizada por la Junta el pasado mes de agosto y a la que dio respuesta el tribunal de la Sección Segunda en una providencia de 10 de septiembre, en la que señalaba que no había "inconveniente en que se dé inicio en la reposición de la realidad física alterada al coincidir los pronunciamientos" tanto de la vía penal como de la vía administrativa. En virtud de la autorización de actuaciones para restablecer la legalidad urbanística, la Junta ha procedido este lunes a la demolición de dos de estas viviendas.

El derribo deberá ser sufragado por el promotor de las viviendas vendidas a ciudadanos británicos, al que la Junta pasará la factura, y que también, según la sentencia, deberá indemnizar a los compradores "de buena fe". El problema según AUAN, es que suceda como en el caso de la familia Prior en Vera, "ellos están esperando aún que alguien los indemnice tras la demolición de su casa, y aquí nos tememos que sucederá lo mismo".

En agosto de 2004, la Junta abrió un expediente sancionador contra el constructor a raíz de una denuncia del Seprona por el desmonte de los terrenos sin autorización y que terminó con la imposición de multa y la obligación de la reposición del medio. Esta orden fue desobedecida y se construyeron las cuatro viviendas en suelo no urbanizable de carácter rural, sin licencia municipal que las amparase y sin ser autorizables al estar realizadas sobre suelo cuyo destino no estaba relacionado con fines forestales, agrícolas o ganaderos, por lo que se inició otro expediente administrativo.

Etiquetas

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios