La Junta de Andalucía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que suspenda los dos procesos abiertos contra ella y contra el Ayuntamiento de Carboneras por la promotora del hotel de El Algarrobico (Azata del Sol) en los que reclama indemnización por daños y perjuicios hasta que la Audiencia Nacional resuelva otros dos procedimientos que se siguen también por responsabilidad patrimonial.

El Gobierno andaluz entiende en su escrito que la existencia de estos pleitos en la Audiencia, "anteriores" a los planteados ante el TSJA, podría causar litispendencia, con la consiguiente inadmisión de los recursos de Azata del Sol y de Azata Patrimonio contra la denegación de indemnización que en su día realizó la Junta, o, al menos, su prejudicialidad, y sostiene que los cuatro procedimientos tienen como base el mismo supuesto de hecho y que en ellos hay coincidencia de partes.

No obstante, cabe recordar que en las dos causas abiertas en la Audiencia Nacional, la demanda de la promotora del hotel se dirige también, al margen de contra la Junta y el Ayuntamiento, contra la administración del Estado, y lo que se arguye para reclamar indemnización por daños y perjuicios es la fijación de la servidumbre del dominio público marítimo-terrestre de la franja litoral donde se levanta el inmueble en 100 metros, lo que fue avalado posteriormente por sentencia tanto de la Audiencia Nacional como del Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal andaluz ya ha resuelto a favor de la petición de la Junta en uno de los procedimientos al considerar que efectivamente existe prejudicialidad, si bien ha sido recurrido en súplica por Azata del Sol.

Mientras, en la otra causa ha resuelto dar traslado a las partes, esto es Azata Patrimonio y Ecologistas en Acción, para que digan si se oponen o, por el contrario, secundan la propuesta del Gobierno andaluz.

En ambos casos, las partes citadas se oponen a la suspensión. Por un lado, la promotora del hotel argumenta que los hechos que son enjuiciados ante la Audiencia Nacional son distintos y "muy diferentes" a los que se enjuician en el Alto Tribunal andaluz si bien ambos han producido "daños en el patrimonio" de la empresa que "ésta no tiene el deber legal de soportar".

Añade que, en el caso del procedimiento cuya suspensión se pide, no está demandado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que, sin embargo, sí tiene un papel "muy relevante" en la demanda ante la Audiencia Nacional.

"La aprobación del deslinde de Costas y su zona de servidumbre de protección en el tramo que afecta al sector ST-1 -donde se asienta el hotel- en el año 2005 por parte del Ministerio no guarda ninguna relación con la clasificación como suelo no urbanizable de especial protección que dicho sector tenía en la normativa ambiental del parque natural de Cabo de Gata-Níjar de 1994, por lo que no puede existir ni existe relación de causalidad entre la intervención del Ministerio en el expediente de deslinde y los hechos que se están enjuiciando en este procedimiento", ha remarca dola promotora del hotel que sigue a la espera de ser demolido, tras las últimas sentencias.