Ayuntamiento de Níjar y Junta de Andalucía volverán a chocar este verano a la hora de establecer una regulación de acceso a las playas del parque natural en San José. La restricción que se viene aplicando desde hace un par de años en la entrada a Los Genoveses, Cala de Carbón, Cala de la Media Luna, Barronal y Mónsul se volverá a poner en marcha a partir del 15 de julio y hasta el 30 de agosto de manera que una vez que se llenen los aparcamientos habilitados en las playas sólo se podrá acceder en un servicio de autobús cuya concesión ya fue aprobada el año pasado por parte de la Consejería de Medio Ambiente. El alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez, entiende que la administración andaluza no puede imponer un servicio que invade competencias municipales y recuerda que en el mes de febrero presentó un plan integral que incluía socorrismo, limpieza y transporte público que ha sido descartado por la Junta de Andalucía sin ningún consenso. El Ayuntamiento de Níjar estudia con sus servicios jurídicos la vía que seguirá en los próximos días para presentar un recurso contra la resolución de la Consejería de Medio Ambiente. "Desde la Junta de Andalucía se intenta imponer sus condiciones y nos las vamos a aceptar", argumenta el primer edil.

El consistorio nijareño quiere que el transporte público hacia las playas quede integrado en la concesión municipal y no se deje en manos, como ya ocurrió en el pasado verano, de una empresa externa que fue contratada por la Consejería de Medio Ambiente para un periodo de cinco años. "Al final somos nosotros los que otra vez vamos a tener que limpiar las playas, los que contratamos a los socorristas y los autobuses, que es lo único que nos podría aportar algún ingreso para cubrir todos los gastos, se los queda la Junta de Andalucía", argumenta Antonio Jesús Rodríguez.

El alcalde tampoco entiende el retraso en ponerse en marcha el acceso regulado a las calas de San José, en pleno corazón del parque natural, y considera que debería coincidir con el plan de playas que desarrolla el consistorio entre el 15 de junio y el 15 de septiembre.

"Tenemos nuestro servicio de autobuses dentro del municipio y defendemos que se incluyan las rutas a las playas en su conjunto. Con esta resolución, la Junta está invadiendo nuestras competencias y ni si quiera nos han dado trámite de audiencia, no se ha contado con nosotros a la hora de adoptar una decisión", añade. La delegada provincial de Medio Ambiente, Sonia Rodríguez, ha declinado hacer declaraciones por el momento sobre la polémica medida por tercer año consecutivo y se reunirá en los próximos días con el alcalde nijareño para ver si es posible un acercamiento de posturas. Eso sí, la Consejería de Medio Ambiente sí se ha venido reuniendo con los empresarios y vecinos de la zona, siendo la última cita celebrada la del miércoles en Rodalquilar, para explicar su intención de repetir el sistema de acceso a las playas acordado el pasado verano tras semanas de dimes y diretes y negociaciones. Al parecer, la decisión adoptada por la Junta de Andalucía es la de repetir el acceso a las playas del parque natural de Cabo de Gata-Níjar en autobús una vez que se haya completado el aforo de los distintos aparcamientos.

El proyecto presentado por el consistorio nijareño contempló una conexión de autobuses a las playas, no sólo desde el núcleo de San José, de manera que también se podría utilizar la línea directa a los Genoveses y Mónsul desde Campohermoso. Es más, se había pensado en un eje transversal con un billete único de tres euros que iría desde las playas de poniente (Las Negras) a las de San José. El resto de líneas, en concesión de Autocares Alonso, se reforzarían durante la temporada estival.

El verano pasado se produjeron varios conflictos con empresarios y usuarios de las playas cuando la administración andaluza decidió de forma unilateral cerrar esta barrera de acceso desde las nueve de la mañana y hasta la siete de la tarde quedando prohibido el paso a cualquier vehículo particular, con la excepción de los coches adaptados para personas con discapacidad. Dos operarios fueron contratados por la empresa a la que se adjudicó la concesión de transporte público y en más de una ocasión tuvo que intervenir la Guardia Civil y Policía Local de Níjar para impedir las represalias y conflictos que se produjeron en el acceso a las playas.