La culminación de la denominada "Operación Cimitarra" posibilitó asestar un fuerte golpe al fraude en nuestro país. La Guardia Civil detuvo a un total de catorce personas, integrantes de esta fraudulenta red de la que formaban parte ocho españoles-entre ellos un ex concejal socialista de Los Montesinos, tres ciudadanos británicos, un bielorruso, un rumano y un ruso. La potente organización fue desmantelada entre los días 26 y 28 de septiembre de 2008.

Estos sujetos altamente especializados en esta sofisticada tecnología, se dedicaban a captar las señales de los canales británicos privados de televisión y los emitían en la costa levantina desde Almería hasta la provincia de Alicante y en exclusiva para clientes del Reino Unido, sin llegar a pagar los derechos correspondientes y sin declarar los beneficios a la Hacienda Pública

Durante varios días, la Guardia Civil llegó a efectuar un total de veintidós registros domiciliarios en el transcurso de los cuales se han incautado de distintos equipos informáticos, material técnico de recepción y emisión de televisión, decodificadores, mezcladores y dinero en metálico por un importe cercano a los 5 millones de euros

Se estima que el fraude que han podido cometer los miembros de esta red organizada tanto a las plataformas de televisión como a la Hacienda Pública española, podría superar los quinientos millones de euros.

La operación "Cimitarra" y sus ramificaciones fueron localizadas además de en Almería, en las provincias de Murcia y Alicante

La organización operaba de una forma encubierta empleando a tres empresas con cobertura legal. Los sujetos adquirían los derechos de emisión de varios canales del Reino Unido para la distribución de la señal a suscriptores en territorio británico. La red desarticulada declaraba un número muy inferior de suscriptores de los que realmente tenía censados y además distribuía ilegalmente la señal en territorio español, sin disponer de los derechos para ello.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia presentada ante la Policía Judicial de la Guardia Civil por parte de un representante legal de la empresa de comunicación Sogecable, tras detectarse que determinadas emisiones de canales británicos en diversos puntos del levante español incluían contenidos cuya titularidad de los derechos audiovisuales en nuestro país correspondía en exclusiva a esta plataforma digital.

Tras investigar la infraestructura técnica utilizada por la organización, se pudo comprobar que en una nave situada en un polígono industrial de Algorfa en la provincia de Alicante disponían de potentes antenas parabólicas y decodificadores, contratados en Reino Unido e Irlanda.

La utilización de estos medios técnicos permitía la captación de señales de varias cadenas británicas de televisión por satélite. Los especialistas técnicos de la organización las descodificaban y volvían a codificar utilizando un sistema denominado IRDETO, para posteriormente distribuirla a sus clientes de toda la costa desde la localidad almeriense de Vera hasta Benidorm a través de una red de emisores y repetidores propios situados estratégicamente en distintos puntos del levante español.

Según pudo determinar la investigación de la Guardia Civil la trama disponía de más de 60.000 clientes, en su gran mayoría miembros de la comunidad británica afincados en el Levante español, que pagaban un total de 590 euros por gastos de instalación, más las cuotas mensuales oscilantes entre los 18 y 22 euros, o bien, cuotas anuales de entre 200 y 220 euros, dependiendo de los canales contratados por los usuarios.

La instalación en el domicilio de los clientes consistía en una antena y dipolos específicos para las frecuencias de emisión utilizadas y un aparato decodificador que únicamente funcionaba utilizando una tarjeta con su respectiva numeración y única para cada cliente, lo cual hacía posible cortar de inmediato la señal en caso de falta de pago.

Algunos canales de televisión habían dado autorización para facilitar la señal a un número limitado de clientes, cobrando los derechos correspondientes, compromiso éste que incumplía la red desarticulada ya que el número real de clientes era muy superior al realmente declarado por la organización.

De esta forma conseguían defraudaban a la Hacienda Pública, ya que declaraban las ganancias correspondientes a unos 17.000 clientes, en lugar de los 60.000 suscriptores con los que realmente contaban .los organizadores de todo este tinglado según se pudo entonces demostrar tras la investigación efectuada por la Policía Judicial de la Guardia Civil.

Un año mas tarde, en marzo de 2009, otro grupo, esta vez compuesto por siete personas ocuparon el vacío dejado en "el mercado" por la red desarticulada en la operación Cimitarra retomando sus funciones pirateando señales de canales digitales británicos de pago para clientes de la costa levantina.

La base la establecieron en unas naves industriales en la urbanización de la Laguna III donde fueron localizados por la Guardia Civil. Ya habían obtenido varios millones de euros de beneficio.. La Policía Judicial tuvo que utilizar varias furgonetas para trasladar hasta las dependencias de la Benemérita todo el sofisticado material electrónico e informático decomisado.

Varios años antes Almería se convierte en noticia en relación con el asunto del pirateo de señales de televisión, ya que es la primera ocasión que una persona condenada por piratear la señal de un canal privado ingresa en prisión. Fue el 7 de septiembre de 1994, Francisco R. propietario de un Tele Vídeo de la capital ingresaba en la prisión provincial de Acebuche para cumplir una condena de tres meses de arresto mayor por piratear la señal de Canal Plus.

El encarcelamiento se produjo después de que la Audiencia de Almería desestimara el recurso de apelación contra la sentencia dictada inicialmente por el juez de lo penal número 1 de Almería. Además de cumplir la mencionada pena de prisión, el condenado debía de indemnizar al canal de televisión privado con una cantidad que, según el informe pericial, se elevaba a 110 millones de pesetas.

En la sentencia, el juez consideró probado que el Tele Vídeo difundía la señal de Canal Plus sin autorización de esta sociedad, "con ánimo de obtener un beneficio injusto", ya que cobraba una cuota mensual a los abonados a su servicio de cable. El juez calificó los hechos como constitutivos de un delito contra la propiedad intelectual, previsto en el artículo 534 del Código Penal.

Según pudieron saber las fuerzas de seguridad, los delincuentes contaban con más de 60.000 clientes, la mayoría británicos, que residían en el levante español. La red les cobraba 590 euros por la instalación del sistema. Las cuotas mensuales oscilaban entre los 18 y los 22 euros. Las cuotas anuales podían ascender hasta los 200.