La Guardia Civil ha elevado en los últimos tres días de 20 a 24 el número de imputados por presunta corrupción urbanística en Zurgena dentro de las diligencias incoadas por la Fiscalía de Medio Ambiente ante la construcción de un millar de viviendas en suelo rústico del término municipal y en el marco de las cuales la Benemérita detuvo el pasado día 2 al alcalde, Cándido Trabalón, el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras, ambos del Partido Andalucista, así como a dos promotores inmobiliarios y dos arquitectos, todos en libertad con cargos y sin fianza después de prestar declaración ante la juez dos días después. Según fuentes cercanas al caso, tres de los cuatro nuevos imputados dentro de la denominada Operación Costurero, todos acusados de un delito contra la ordenación del territorio y dos de ellos también de cohecho, prestaron declaración en la Comandancia durante el fin de semana, mientras que el último, al que se atribuyen delitos de prevaricación urbanística, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, lo hizo ayer por la mañana.

No obstante, se mantienen en siete las detenciones practicadas por la Guardia Civil, que sumó al arresto del alcalde, el edil de Urbanismo, los constructores y los arquitectos el de la ex secretaria municipal Trinidad Lidueña, a la que se acusa de prevaricar y delinquir contra la ordenación del territorio en la tramitación de expedientes desde el año 2004 para autorizar la construcción de más de mil viviendas sobre suelo no urbanizable en seis pedanías del municipio, de menos de 2.800 habitantes.

La investigación, que continúa abierta, imputa a otros 13 de los implicados los mismos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio que a la ex funcionaria del Ayuntamiento de Zurgena, a cuyos concejales en la anterior corporación señalan como implicados por haber emitido voto favorable en pleno a los proyectos urbanísticos promovidos por el Ayuntamiento y un total de 25 empresas.

La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa, Pilar Alfonso Rodríguez, ordenó el pasado martes el alza del secreto decretado en septiembre de 2007 sobre el sumario que también derivó en el arresto de los promotores inmobiliarios Antonio López y Tomás Zurano y los arquitectos Francisco Salvador y Carlos Berbel. A los siete detenidos, que deberán personarse ante el juzgado una vez al mes, se les imputa prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio, a los que se suman, en el caso de los ediles el de cohecho, y en el de Tomás Zurano el de desobediencia.