Operación Poniente, recta final de la investigación de Hacienda

  • La Agencia Tributaria ya ha remitido al juez ocho informes de avance Antes de que acabe el año estarán los definitivos El 90% de archivos están analizados

A primera hora de la mañana del 20 de octubre de 2009 un amplio despliegue policial tomaba el Ayuntamiento de El Ejido, detenía al entonces alcalde Juan Enciso, al interventor Pepe Alemán y a una veintena de personas, además de registrar varias subcontratas con las que tenía relaciones comerciales la empresa municipal Elsur. Estallaba la mayor trama de corrupción de la provincia, por la que se pueden haber malversado nada menos que 150 millones de euros de las arcas públicas ejidenses. Ríos de tinta brotaron sobre la vida y obra de los presuntos autores de delitos de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos, entre otros, así como sobre sus conversaciones telefónicas cuando en marzo de 2010 se abre una parte del sumario tras once meses de secreto de las diligencias incoadas. Poco después llegó la libertad bajo fianza para Enciso, Alemán y los empresarios Juan Antonio Galán y José Amate -los últimos en salir de la prisión- y ya en enero de 2011 se libera casi la totalidad del sumario, el más extenso y complejo de la historia judicial de Almería y también el primero que se digitaliza. Más de 260.000 folios, casi 80 imputados, 13 testigos, 9 protegidos, 38 abogados y una veintena de procuradores en la misma causa. Desde entonces, la Operación Poniente se ha ido apagando, pasando a un segundo plano informativo, y el interés se ha concentrado en el retraso de una instrucción judicial que en cuestión de tres semanas cumplirá cuatro años. Desde principios de 2011 todas las miradas están puestas en los profesionales de la Agencia Tributaria y su rastreo del dinero arrebatado a los ejidenses a través del cruce de datos de rentas, patrimonios, movimientos bancarios, cuentas y sociedades de los implicados en la red delictiva.

El Juzgado de Instrucción nº 2 de Almería sigue a la espera de los informes definitivos de la Agencia Tributaria y la judicatura (Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y vocales del Consejo General del Poder Judicial) viene manifestando en repetidas ocasiones que no entiende la demora de un proceso que, a juicio del juez decano Luis Columna, no debería prolongarse más allá de tres o cuatro meses. Desde la Dirección General de la Agencia Tributaria (AEAT) han querido anunciar, a través de este periódico, que no hay ninguna parálisis, sino todo lo contrario. Ya se han emitido ocho informes de avance y conclusiones provisionales y se están ultimando los informes periciales definitivos para entregarlos al instructor del caso antes de que finalice el año. Este organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aclara que ya a finales de 2009 se produjo la petición y designación de funcionarios de la AEAT en funciones de auxilio judicial del expediente. "A estas tareas se vienen dedicando desde esa fecha unos efectivos, dirigidos por un inspector de Hacienda del Estado, que suponen una porción muy relevante de la plantilla de funcionarios del Área de Inspección Financiera de la sede de Almería", afirma Máximo Suchowolski, portavoz de la Agencia Tributaria.

Desde finales de 2010, cuando culminó la organización de toda la documentación intervenida en papel, la AEAT tuvo que aportar también medios materiales y humanos para facilitar al Juzgado la labor de digitalización. Los documentos escaneados ascienden a más de 500 archivadores de aproximadamente 400 páginas cada uno. De manera que el equipo de auxilio judicial de la Agencia Tributaria, según indican, no pudo empezar a trabajar con la ingente documentación intervenida y digitalizada hasta julio del pasado año. Es más, ese mismo equipo ha tenido que copiar y analizar toda la información contenida en los soportes informáticos que fueron incautados, casi 1,7 millones de archivos repartidos en 78 dispositivos diferentes. De todos esos datos de la trama, ya se han analizado alrededor del 90%. Previamente, la AEAT ha depurado más de un terabyte, eliminando archivos de los sistemas operativos que no tenían relevancia alguna para la investigación. De hecho, más de 4.000 conversaciones de las grabaciones telefónicas a los presuntos cerebros del entramado fueron descartadas porque sólo contenían detalles de la vida privada privada, e incluso íntimos, sin valor para la instrucción.

Desde la Dirección General de la Agencia Tributaria destacan que la Operación Poniente se deriva de las investigación realizada por su Unidad de Planificación y Control en relación al grupo empresarial Elsur y sus relaciones con el Ayuntamiento de El Ejido. "La operación tuvo como origen las investigaciones de la Agencia Tributaria y desde el comienzo los medios asignados han sido extraordinarios para la dotación de personal de la AEAT existente en Almería", añade Máximo Suchowolski. En este sentido, han querido subrayar el "espíritu de colaboración" que han mantenido tanto en los medios humanos asignados como en la realización de tareas ajenas a su competencia y el escaneado de la documentación con el único objeto de impulsar el avance del proceso penal. Han hecho todo el trabajo sucio. El juez Jesús Miguel Hernández podrá abrir el juicio oral en cuestión de meses.

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