La parlamentaria andaluza del Partido Popular de Almería, Carmen Crespo, ha acusado a la Junta de Andalucía de "abandonar a su suerte" a los británicos afectados por las casas ilegales en el Almanzora, y ha afirmado que ante tanta "indefensión" se han visto obligados a acudir al Comité de Peticiones de la Unión Europea para que atienda sus peticiones.

Para Crespo, las declaraciones del delegado de Obras Públicas y Vivienda, José Manuel Ortiz, asegurando que le parece "sorprendente" la decisión tomada por los británicos de acudir a la UE, no tienen "ningún fundamento" y muestran "un total desconocimiento" por parte de Ortiz del asunto, ya que si los afectados han actuado de esta forma ha sido únicamente por el "desamparo" ofrecido por el gobierno andaluz.

La parlamentaria andaluza pide al delegado que "trabaje más en serio por los problemas de los vecinos de nuestra provincia" porque según explica "estos nuevos vecinos llevan años padeciendo las ambigüedades y la falta de soluciones para abordar el problema de unas viviendas construidas fuera de ordenación y que carecen de servicios básicos de infraestructuras, como el abastecimiento, saneamiento o alumbrado".

Por otra parte, lamenta la imagen "que estamos dando fuera de nuestro país", una imagen que según ha dicho "perjudica, sin duda a nuestra provincia en unos tiempos donde, precisamente, lo que más falta hace es contar con personas dispuestas a invertir en Almería".

Según la popular "la situación es insostenible, la Junta está sumida en la confusión mas absoluta y los avances son nulos. Seguimos pendientes del Decreto que han anunciado para permitir a los ayuntamientos aprobar normas para regularizar viviendas, pero mucho nos tememos que tiene cierto tufo electoral que sólo creará más incertidumbre y confusión y lo que necesitan las comarcas del Levante y Almanzora es una medida urgente y eficaz".

A su juicio, la solución pasa por "modificar la actual Ley de Ordenación Urbanística para que se reconozca la situación existente y se garantice la legalización de todo aquello que se pueda normalizar" y recuerda que el PP "propuso en 2008 que la Junta elaborara unas normas directoras para que los ayuntamientos tuvieran un criterio uniforme a la hora de conceder licencias de ocupación, tramitar expedientes de fuera de ordenación etc., a lo que el Partido Socialista se opuso".