El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha aceptado una prueba solicitada por el colectivo Amigos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, federado en la asociación Ecologistas en Acción, en la causa por el rechazo de la Junta a estimar el recurso de alzada de la asociación contra la resolución para sacar a concurso sondeos mineros en Almería y concretamente en terrenos del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Según han subrayado fuentes del colectivo a la agencia Europa Press, la Sala ha dictado una providencia por la cual ha aceptado requerir información a la Comisión Europea (CE) sobre el particular, después de que en una demanda la agrupación ampliara el razonamiento ya expuesto en recurso administrativo, planteando una posible "colisión constitucional". También recibieron respuesta de la propia Comunidad Europea a la que remitieron una queja por este asunto indicando la recepción del tema y su sometimiento a estudio.

Con ambas acciones el colectivo ecologista pretende "abrir la veda" al impugnar una resolución que, consideran, es "contraria a ley" y "conculca una prohibición expresa" recogida en la normativa ambiental que protege los valores ambientales de Cabo de Gata.

La denuncia de Almería se constituye así en punta de lanza de una casuística que Ecologistas estaba planteando denunciar en las ocho provincias, ya que en todos los casos la administración regional había desestimado los recursos de alzada. Al ser el almeriense uno de los casos más importantes, al considerar que uno de los mayores peligros estriba en la afección al Cabo de Gata, se confía así en "sentar precedente".

En cuanto a la otra acción que ha llevado a cabo Amigos del Parque, consiste en la presentación de una queja ante la CE, a la que reclaman que "se dé un toque de atención a España por el hecho de que la normativa contemple este tipo de sondeos, habida cuenta de que se generan expectativas económicas en terrenos donde no está permitido por legislación vigente de protección, salvo que exista una oscura intención de cambiar las normativas por intereses menos claros".

El colectivo ya presentó un escrito ante la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en el que apelaba a un "ejercicio de buen gobierno y uso eficiente de los recursos públicos" para que se archive ya que, a su juicio, las resoluciones podrían constituir un "fraude de ley".