El Grupo Socialista en la Diputación ha presentado cinco alegaciones a los Presupuestos para 2012, tras comprobar que incumplen tres leyes que se encuentran en vigor e incluso el decreto de medidas urgentes contra el déficit impulsado por el Gobierno de Rajoy.

La portavoz del PSOE, Esperanza Pérez, ha denunciado la "hipocresía" reinante en el PP, donde "predican una cosa y hacen la contraria: Rajoy impone límites al endeudamiento, mientras que Gabriel Amat pretende pedir un préstamo de 12 millones de euros".

Por ello han solicitado la retirada del actual proyecto de Presupuestos y "que presente uno nuevo que sí cumpla con los requisitos legales y con las medidas que el propio PP ha impuesto a todas las administraciones públicas del país".

Pérez ha asegurado que el equipo de Gobierno ha intentado "pasar por encima de la ley", al presentar unas cuentas que incumplen, al menos, la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la Ley de Autonomía Local de Andalucía y la Ley de Bases de de Régimen Local, así como el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público."Han intentado sacar adelante un presupuesto que está hecho a medida de los suyos", ha denunciado Pérez, "y concretamente a medida del director del Instituto de Estudios Almerienses (IEA), el director del Instituto Almeriense de Tutela, quien también es alcalde del PP en Canjáyar, o la nueva gerente del Patronato Provincial de Turismo".

La alegación que afecta a los directores del IEA y del Instituto Almeriense de Tutela se basa en las subidas de sueldo previstas para ambos, de un 32% y un 23% respectivamente, "mientras los funcionarios de la Diputación tienen su sueldo congelado y a pesar de que el decreto de Medidas Urgentes dice bien claro que para el año actual no podrán aumentarse las retribuciones del personal al servicio del sector público".

En cuanto a la gerente del Patronato de Turismo, considera que su nombramiento ha sido "irregular", ya que la persona seleccionada no tiene una "titulación superior como exige la Ley de Bases de Régimen Local".