Piden la absolución de los tres agentes acusados de colaborar con traficantes

  • El juicio se suspendió hasta el día 21 por la incomparecencia de cinco de los 19 imputados en la red. El juez dictó orden de búsqueda y captura para tres de ellos

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La defensa de los tres guardias civiles acusados de colaborar con una red de narcotráfico que trató de desembarcar al menos diez toneladas de hachís en la costa almeriense, pedirá su libre absolución al entender que su implicación en los hechos se deriva de una serie de circunstancias "fruto del azar". Así lo reveló tras la suspensión del juicio el abogado de la defensa de uno de los tres agentes imputados, quien además precisó que los tres funcionarios sirven a la Guardia Civil desde hace "muchísimos años" y que pesan sobre ellos "indicios" y no una "realidad acusatoria" ya que "lo único que hacían era cumplir su misión".

El letrado mostró su confianza en que las pruebas testificales y periciales demuestren que el sargento del cuartel de Roquetas de Mar, y los otros dos agentes, de baja en el momento de la supuesta cooperación con la trama, no tienen ninguna vinculación con los narcotraficantes.

El presidente de la sala, Benito Gálvez, ordenó posponer el juicio al no comparecer ayer, en la primera sesión de la vista oral, cinco de los 19 imputados como presuntos miembros de la banda. Asimismo dictó orden de búsqueda y captura, además de la determinación de las circunstancias de la fianza, contra tres de ellos. Concretamente, en uno de los casos es una orden de búsqueda y captura internacional al ser el imputado de origen holandés.

Todos los letrados de la defensa de adhirieron a la petición del Ministerio Fiscal, que abogó por celebrar el juicio con al menos los dos ausentes que alegaron enfermedad y presencia de su letrado en un juicio de la Audiencia Nacional. El magistrado fijó la fecha de inicio de las sesiones para el 21 de abril.

El Ministerio Fiscal pide 17 años y medio de cárcel para los tres guardias civiles como supuestos autores de delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos y violación de secretos. En total, los 19 imputados y presuntos miembros de la organización se enfrentan a 93 años de cárcel por delitos contra la salud pública y tenencia ilícita de armas.

Los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre enero, febrero y octubre de 2001.

Los narcotraficantes mantuvieron varias reuniones en distintos puntos del sureste, como Melilla, y planificaron varias operaciones, en las que lograron al menos dos veces la introducción de hachís sin ser interceptados.

La sesión se reanudará el próximo día 21 de abril y están citados todos los imputados del caso.

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