Piden demoler nueve casas y prisión para el constructor, técnicos y edil

  • El fiscal solicita la demolición de viviendas construidas sin licencia en el año 2000 en el paraje de La Hortichuela y que fueron denunciadas por el Seprona

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La Asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No ha hecho pública la situación que atraviesan nueve familias de ciudadanos británicos, cuyas viviendas corren el riesgo de ser demolidas.

Se trata de nueve casas, compradas por jubilados británicos en el paraje de La Hortichuela, en el municipio de Albox. Según informan desde este colectivo, "en el curso del procedimiento abreviado seguido en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Huercal Overa, se les ofrece a los perjudicados la posibilidad de personarse como acusación particular; no obstante, aparte de las penas que el Ministerio Fiscal pide contra los imputados en el procedimiento, también pide la demolición de lo construido. La acusación del Ministerio Fiscal versa sobre supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación y la omisión de perseguir delitos".

Las casas en cuestión, fueron construidas sin licencia municipal en el año 2000, por P.R., un constructor albojense, para quien el fiscal pide dos años de prisión y una multa de 20 euros/día; la misma pena que solicita para el arquitecto, el arquitecto técnico y el concejal de urbanismo en su día, Juan Luis González Wandosell. En el caso de los técnicos y el concejal, además se solicita una inhabilitación de dos años para ejercer cualquier profesión relacionada con la construcción. Y aparejado a esto, una indemnización por la demolición, según la cantidad pagada por la compra de las viviendas, a pagar por constructor, técnicos y concejal.

El caso de estas viviendas es similar al de cientos de viviendas que se construyeron en su día en el municipio, solicitaron licencia que no se les dio, y en este caso, cinco años después, fueron denunciadas por la Guardia Civil.

Estas casas podrían convertirse en nuevos episodios de demolición, como los solicitados por el juez en diciembre del pasado año, cuando se comunicó a ocho familias las órdenes de demolición en firme que pesaban sobre sus hogares. Aunque cinco de estos casos han sido paralizados, ya que fueron revocadas por el juez, y se ha ordenado que se retrotraigan las actuaciones hasta el momento de la contestación de la demanda.

Francisco Alonso, es abogado de las familias y precisamente ayer, trabajaba con ellas sobre los pasos a seguir. "Ahora se trasladará todo el procedimiento al Juzgado de lo Penal de Almería, y el juicio se podría celebrar en septiembre del año que viene".

Para la presidenta de AUAN, Maura Hillen, "son familias que compraron de buena fe y continúan apareciendo casos de posibles demoliciones. Me temo que lo que hemos visto hasta ahora es solo la punta del iceberg. Realmente ha habido un fallo clamoroso del sistema, y ahora se pide a los inocentes que paguen las consecuencias" afirma.

El alcalde de la localidad, José García, preguntado por la situación de estas nueve casas, afirma que "no les constan estos nuevos casos", aunque reconoce que en el municipio "hay muchos procedimientos judiciales abiertos contra viviendas en situación irregular, y estas nueve casas se pueden encontrar entre ellos. El Ayuntamiento ha querido saber el número de procedimientos judiciales abiertos que hay en nuestro término, pero ha sido imposible".

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