Tribunales

Quedan en libertad con cargos los dos arquitectos del caso Zurgena

  • La jueza imputa a ambos la comisión de un presunto delito de prevaricación urbanística

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La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa (Almería), Pilar Alfonso Rodríguez, decretó hoy libertad con cargos para los arquitectos Francisco Salvador y Carlos Berbel, detenidos el pasado día 2 por su implicación en la autorización municipal para la construcción de alrededor de un millar de viviendas sobre suelo rústico en el término municipal de Zurgena, caso por el que también han sido arrestados el alcalde, Cándido Trabalón (PA), el edil de Urbanismo, Manuel Tijeras y los promotores inmobiliarios Antonio López y Tomás Zurano.

Según informó a la salida de dependencias judiciales una de las letradas de la defensa, del bufete Abogados Lozano de Albox, la jueza imputa a ambos la comisión de un presunto delito de prevaricación urbanística pese a que Berbel, de profesión aparejador, no ostenta la condición de funcionario aunque sí emitió para el Consistorio zurgenero "de forma puntual" informes sobre la provisión de servicios en algunas de las parcelas investigadas.

El primero de los seis detenidos en prestar declaración fue el arquitecto municipal, Francisco Salvador, quien abandonaba pasadas las 12.15 horas el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal Overa en compañía de sus abogado, tras ser conducido desde la Comandancia de la Guardia Civil de Almería, donde en la tarde de ayer dio primer testimonio ante los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos.

Carlos Berbel hacía lo mismo una hora y media después para dar paso a la comparecencia del primer edil, si bien optó por salir del edificio por una de las puertas laterales para evitar la presencia de los medios de comunicación que, en una docena, esperan en el exterior.  

Tanto Trabalón, como Manuel Tijeras y los constructores Antonio López y Tomás Zurano -propietario de Dizu y presidente de Ceacop- se negaron ayer a prestar declaración ante la Guardia Civil, por lo que está previsto que el testimonio de los cuatro ante la jueza de instrucción se prolongue hasta última hora de la tarde.

A todos se les imputa la comisión de los delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio tras una investigación abierta en 2006 por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), que derivó en la incoación de diligencias por parte de la Fiscalía de Medio Ambiente y el Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa. 

Las detenciones se practicaron el pasado miércoles dentro de la denominada operación 'Costurero', ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Huércal-Overa y dentro de la cual se efectuaron también distintos registros en domicilios y empresas de Albox, Garrucha, la capital y Zurgena, en cuyo ayuntamiento los agentes del Grupo de Delitos Urbanísticos intervinieron diverso material informático y documentación.

Tanto el primer edil como el también primer teniente de alcalde -quienes se presentaron a la reelección en las elecciones municipales de 2007 en las que alcanzaron la mayoría absoluta con ocho de los once concejales- fueron citados a declarar en relación con este caso en enero de 2007 aunque en calidad de testigos.

El juez investigaba, tal y como sostiene el Fiscal de Medio Ambiente, Juan Sánchez, si se produjo la comisión de delito de prevaricación y contra la ordenación del territorio en la autorización municipal a seis promociones de viviendas ejecutadas por cuatro empresas en pedanías del municipio.

Algunas de ellas se encuentran paralizadas como medida cautelar después de que la Junta de Andalucía impugnase ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía las licencias municipales que el Consistorio ratificó por silencio administrativo pese a la solicitud de revisión tramitada por la delegación provincial de Obras Públicas.

El Ayuntamiento de Zurgena (Almería) aprobó en febrero de 2007 la delimitación de suelo urbano (DSU) del término municipal que situaba dentro de esta calificación las más de 1.000 viviendas denunciadas ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por el Seprona de la Guardia Civil e impugnadas por la Junta de Andalucía.

El documento, aprobado en pleno con la abstención de los ediles en la oposición, fija en 358 hectáreas el suelo urbano de Zurgena y declara urbanizables más de 122 hectáreas en la pedanía de Carasoles-Cucador y otras 111,50 hectáreas en La Alfoquía donde, según el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, se detectaron cerca de 350 viviendas construidas sobre suelo rústico.

Las otras pedanías donde se detectaron irregularidades -hasta otras 600 residencias- también vieron incrementada la extensión de suelo urbano. En Los Llanos del Peral adquirieron esta calificación sus 390.000 metros cuadrados de suelo mientras que en Los Menchones la superficie alcanzó los 142.800 metros cuadrados. 

La propia comisión de Peticiones del Parlamento Europeo concluyó en el informe elaborado a raíz de su visita a la comarca del Almanzora y al Levante almeriense en febrero de 2007 que las autoridades provinciales de Almería "reconocieron" que "un número de autoridades municipales han actuado incorrectamente", por lo que muchos alcaldes están siendo procesados y también que "en muchos casos, considerables sumas de dinero se generaron de estas prácticas ilegales".

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