El Registro de Demandantes de VPO ya cuenta con cuarenta inscritos

  • El Ayuntamiento prevé incorporar al mercado local 500 viviendas protegidas

Ha pasado menos de un año desde que quedase constituido en Vícar el Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y ya son 40 los vecinos que han registrado su solicitud. Demandantes que ya han superado todos los trámites y filtros, que han presentado toda la documentación, para formar parte del registro cuya información "puede solicitar cualquier promotor antes de iniciar una promoción de viviendas", ha indicado el delegado de Obras Públicas y Vivienda, José Manuel Ortiz. "Esta herramienta nos permite conocer el número de personas interesadas en adquirir una vivienda, tanto en régimen de venta o alquiler. Aunque se han inscrito 40 personas, el número de ciudadanos que cada día se acerca a solicitar información al respecto es muy amplio", ha indicado el alcalde, Antonio Bonilla. Los demandantes en su mayoría solicitan un piso de tres dormitorios, seguido de las de dos y un dormitorio. El perfil de los demandantes en la localidad es mayoritariamente de jóvenes menores de 35 años, y parejas.

El Registro de Demandantes de VPO, competencia de los ayuntamientos tras el cambio en la ley de gestión de estos inmuebles, "es un tema muy avanzado, que nos permite tener la seguridad de que lo que se construye tendrá salida en el mercado", ha apostillado Ortiz. En estas bases de datos pueden inscribirse todos los ciudadanos que demanden un alojamiento protegido y cumplan los requisitos legales para poder acceder a ellos. Con esta información, contrastada y sistematizada, se elaborarán los planes municipales de vivienda de una forma mucho más ajustada a las necesidades. "Desde el equipo de gobierno tenemos previsto incorporar al mercado local hasta 500 viviendas protegidas en los próximos años. Tenemos terreno suficiente para ello y queremos hacerlo en todos los núcleos de población de la localidad", ha afirmado Bonilla.

Una vez registrados, los demandantes pueden permanecer un período máximo de tres años en el registro, salvo que renueven su solicitud dos meses antes de que caduque este plazo. Asimismo, pueden darse de baja todas aquellas personas que hayan adquirido una vivienda. Aunque no es imprescindible estar empadronado en la localidad sí que es uno de los varemos a tener en cuenta a la hora de adjudicar una de las viviendas.

Estos registros también suponen una herramienta básica para la Junta de Andalucía, ya que le permite disponer de una gran base de datos común con el objetivo de poder cotejar la información de todos los registros y detectar posibles irregularidades, como la inscripción de una persona en más de tres registros, número máximo permitido por la normativa reguladora.

Para agilizar su puesta en marcha y facilitar el proceso desde la Junta de Andalucía se hacía entrega el pasado año a los distintos ayuntamientos de subvenciones, por un importe de en torno a los 32.000 euros, por Consistorio, a fin de sufragar las necesidades de personal, material y equipos informáticos para poner en marcha el Registro de Demandante de Vivienda Protegida.

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