Tribunales

Solicitan 17 años de prision para tres guardias civiles por cooperar con una red de narcotráfico

  • Se les acusa de delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos y violación de secretos

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El Ministerio Fiscal y la defensa han acordado una pena total de 26 años y medio para 13 miembros de una red internacional de narcotráfico que trató de introducir al menos diez toneladas de hachís a través de la costa almeriense y con la que cooperaban presuntamente un sargento de la Guardia Civil del acuartelamiento de Roquetas de Mar (Almería) y dos agentes que estaban de baja en el periodo de actuación de la banda.

Durante la vista oral, celebrada en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Almería, el fiscal rebajó de seis años a dos años y tres meses la petición de cárcel para los hermanos A.S.S. y M.S.S., principales cabecillas de la trama, que reconocieron la autoría de los hechos imputados y para los que el Ministerio Público pidió también una multa de 2.040.000 euros.

Igualmente, el fiscal y los letrados defensores pactaron una disminución de la pena para los acusados J.M.F., J.M.S., J.F.C.L., P.J.B.R., J.B.P., C.C.C., y J.A.D.V. de cuatro años y medio a dos años de cárcel y para los imputados M.C.E., F.A.R., S.S.M. Y L.H.T., de cuatro años y tres meses a dos años y convinieron para todos una multa de 2.050.000 euros.

Los 13 implicados están acusados de un delito contra la salud pública de sustancias que no causan grave daño a la salud, con la aplicación, según las calificaciones definitivas del fiscal, de las atenuantes de dilación indebida y reconocimiento de los hechos.

Tras el acuerdo con los representantes legales de 13 de los 19 supuestos implicados en la red acusados en la misma causa, la Sala que preside Benito Gálvez ordenó la continuidad de las sesiones para el próximo jueves, 24 de abril, con la comparecencia sólo de los seis acusados que no mostraron conformidad con las nuevas peticiones fiscales, de los que uno está en busca y captura al no personarse en el juicio.

Entre ellos se sentarán de nuevo en el banquillo los tres guardias civiles imputados, M.P.L., C.A.P.J. y M.G.M., para los que el Ministerio Público reclama un total de 17 años y tres meses de prisión por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos y violación de secretos, mientras que la defensa pedirá la libre absolución al entender que su implicación en los hechos se deriva de una serie de circunstancias «fruto del azar». HECHOS.

Los hechos juzgados se remontan al periodo comprendido entre febrero y octubre de 2001 cuando los hermanos A.S.S., residente en Marbella (Málaga), y M.S.S., vecino de Motril (Granada), organizaron, de común acuerdo con otras personas, la introducción de importantes cantidades de hachís desde la costa norte de Marruecos con embarcaciones tipo 'zodiac' a diferentes lugares de la geografía peninsular para su posterior distribución y comercialización en España o en la Unión Europea (UE).

Para sus ilícitas actividades, contactaron en Marruecos con el imputado H.M.M., que participaba en el suministro de la droga y organizaba el embarque en la costa marroquí, normalmente en la zona conocida como la Mar Chica.

En Almería, los cabecillas contactaron con los procesados J.M.F., J.M.S. F.J.M.J. y J.F.C.L., todos vecinos del Poniente, que participaban, en un nivel menor, en la organización del transporte de hachís tanto por vía marítima como por tierra una vez desembarcado, se proveían de personas para la descarga de la sustancia estupefaciente y se ocupaban de su almacenaje y posterior traslado a los puntos de destino.

En la trama, según el fiscal, tomaron también parte P.J.B.R. y J.B.P., afincados en Galicia y cuya labor consistía en contribuir a la organización de los transportes de hachís y pilotar en ocasiones las embarcaciones que se empleaban.

Para lograr sus fines, los acusados mantuvieron varias reuniones en distintos puntos del sureste, como Melilla, y planificaron varias operaciones, en las que lograron al menos dos veces la introducción de hachís sin ser interceptados.

El primer 'pase' de hachís del que se tiene constancia se remonta al 27 de junio de 2001 cuando P.J.B.R. y J.B.P. se vieron obligados a tirar al mar la sustancia estupefaciente en las proximidades de Motril (Granada) por avería en la 'zodiac' que pilotaban, tras lo que fueron rescatados por Salvamento Marítimo.

Posteriormente, la noche del 27 al 28 de agosto, la banda intentó desembarcar unas cinco toneladas de hachís en la costa de Roquetas de Mar, una operación que fue abortada por la presunta advertencia de los tres guardias civiles imputados de la presencia de miembros del Grupo de Investigación Fiscal y Antidroga (GIFA) de la Guardia Civil.

La red logró sin embargo alijar no determinada de droga en la madrugada del día 26 de septiembre en la costa entre Roquetas de Mar y la urbanización de Aguadulce, donde el GIFA intervino siete sacos que contenían 211.541,7 kilos de hachís, que habrían superado los 53 millones de las antiguas pesetas en el mercado.

Al ser sorprendidos por los agentes, los porteadores, los también acusados C.C.C. y J.A.D.V., de origen gallego, huyeron con parte de la mercancía y tiraron al mar unos cien fardos, que, junto a los anteriores, elevan a una cuatro toneladas la cantidad de hachís que pretendían desembarcar esa noche. En las labores de descarga intervinieron también los imputados M.C.E., F.A.R., S.S.M. y L.H.T., residentes en Andújar (Jaén).

Por último, el día 6 de octubre de 2001 agentes del GIFA interceptaron en el kilómetro 21 de la N-340, en dirección Murcia, un camión con matrícula holandesa, conducido por el acusado H.F.E., que transportaba 31 sacos en la parte delantera del vehículo y una bolsa en el interior de la cabina que arrojaron un peso de 964,816 kilos y diez kilos de hachís respectivamente, con un valor conjunto aproximado de 273.414.000 de las antiguas pesetas.

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