Carboneras

Solicitan una indemnización de 3.000 euros para el funcionario que denunció por injurias al alcalde

  • Según la vícitma, el alcalde le llamó "enfermo" y "drogadicto".

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La acusación particular exige al alcalde de Carboneras (Almería), Cristóbal Fernández (PSOE), una indemnización de 3.000 euros por presuntas injurias graves contra Antonio Belmonte, un funcionario municipal y militante de IULV-CA que en 1999 denunció al primer edil por coacciones al intentar obligarle a votar por correo a su partido.

Belmonte ha revelado que durante la vista oral, celebrada en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vera (Almería), su letrado pidió, además de la indemnización, que el primer edil se retracte de las palabras pronunciadas contra él en enero de 2005 cuando, según su versión, le llamó "enfermo" y "drogadicto" a la salida de una de las sesiones del juicio celebrado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial contra Fernández y su hermana, Rosario Fernández, por el supuesto delito electoral denunciado por el trabajador municipal. 

El funcionario indicó no obstante que Cristóbal Fernández negó haberle insultado ante los periodistas a la salida del Palacio de Justicia y que precisó hoy durante el juicio, que quedó visto para sentencia, que sólo un periódico, de ámbito provincial, hizo referencia a estas descalificaciones, que no fueron pronunciadas por él, según recalcó.

Antonio Belmonte, conserje de un colegio de Carboneras, sostiene sin embargo que el primer edil hizo estas afirmaciones como "castigo" a que él dijera "la verdad" en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial, lo que le llevó a formular denuncia por injurias graves y contra su honor. 

A principios del pasado mes de marzo se celebró un acto de conciliación en el que las partes no llegaron a ningún acuerdo, a pesar de que el funcionario, según sostiene, sólo quiere "que le pida perdón" y que "se retracte". 

En febrero de 2005 la Audiencia Provincial de Almería condenó a Cristóbal Fernández y a su hermana como autores de un delito electoral a una pena a cada uno de ellos de inhabilitación especial para cargo público relacionado con la administración local por tiempo de seis meses y al pago de una multa de 28 cuotas, a razón de seis euros al día, y a otra multa de tres meses, a razón de seis euros al día. 

Los hechos probados que recoge la sentencia establecen que semanas antes al 13 de junio de 1999, día en que se celebraron elecciones municipales, el alcalde y su hermana se dirigieron en tres ocasiones al conserje de un centro educativo dependiente del Ayuntamiento. 

En primer lugar, fue la acusada, a través de un policía local, para que se personara en su despacho, donde le manifestó que una vez que le llegara el voto por correo se pasara para llevarle el documento de identidad propio y el de su mujer para votar a su partido. En otra ocasión, le llamó a través de un familiar y, una vez en las dependencias del Ayuntamiento, el acusado, Cristóbal Fernández, le pidió el voto, diciéndole que a cambio le mantendría en su puesto y le subiría el sueldo. 

En noviembre de 2006, Fernández renunció a la Alcaldía para cumplir la condena de seis meses de inhabilitación, aunque pocos días después, el 1 de diciembre, recibió el indulto del Consejo de Ministros y en mayo de 2007, tras concurrir como candidato por el PSOE, ganó las elecciones locales con mayoría absoluta.  

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