Tejera y Facto llevan a los tribunales al Consistorio

  • La concesión del parking de Las Almadrabillas será resuelta en los Juzgados mediante un contencioso

Parking Almadrabillas. Parking Almadrabillas.

Parking Almadrabillas. / j.a.

Serán los Juzgados los que finalmente resuelvan si el Ayuntamiento de Almería tiene o no que asumir la explotación del aparcamiento subterráneo de Las Almadrabillas. La unión temporal de empresas constituida por Facto y Tejera, dos de las sociedades que más contratos consigue de los licitados por el Consistorio capitalino, ha presentado un recurso contencioso para deshacerse de la gestión del estacionamiento, que le fue adjudicado en 2010 por un periodo de cuarenta años.

Lo intuía ya la semana pasada la concejal de Movilidad, Rafaela Abad, si bien, pese a las declaraciones realizadas por la edil del PP en las que aventuraba la posibilidad de que la UTE acudiera a la vía judicial, lo cierto es que la interposición del recurso no es de hace dos días. De hecho, consta en la misma acta de la Junta de Gobierno Local en la que se decidió desestimar la petición de la empresa de dejar la concesión al no registrar la ocupación esperada. En dicho escrito, se apunta que el Ayuntamiento ya ha presentado ante el Juzgado el expediente sobre este parking, donde consta que "las plazas del aparcamiento se adjudicaron en mayo de 2010 , lo que quiere decir que se hizo prácticamente un año antes del inicio de la explotación de la obra (abril de 2011)". Con ello, los Servicios Jurídicos Municipales responde a las razones alegadas por Facto y Tejera para solicitar el restablecimiento del equilibrio económico, achacando al Ayuntamiento un grave retraso en la adjudicación de las plazas. "Lo que no dice el concesionario es que la ejecución de la obra sufrió retrasos no imputables al Ayuntamiento y finalizó el 4 de abril de 2011", por lo que la autorización de la explotación de las plazas fue otorgada dos días más tarde. En cuanto a la también alegada crisis económica como causa del desequilibrio, es rechazada por los juristas municipales habiendo doctrina al respecto que no la admite como causa.

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