El alcalde dice que la contratación del edil está avalada por la Junta Electoral Central

El alcalde de Lucainena de las Torres, Juan Herrera, aseguró ayer que la contratación de un concejal del equipo de gobierno como dinamizador de la Vía Verde gracias a un programa sufragado con fondos del Plan Proteja está respaldada por la "jurisprudencia de la Junta Electoral Central,

JEC" y defendió que "cumplía todos los requisitos" de la oferta genérica que se lanzó a través del SAE.

Herrera calificó de "totalmente falso" el contenido de las denuncias elevadas por el grupo municipal del PSOE ante la Fiscalía Provincial y la Inspección de Trabajo, en las que se detalla, además de la contratación del edil, la situación de presunta irregularidad de un operario de servicios múltiples que, según los socialista, está empleado sin contrato laboral.

El regidor precisó en el caso del concejal José Miguel Torrecillas, quien no percibe retribución por su cargo público, fue seleccionado a través de una oferta de trabajo de la Oficina de Empleo de Tabernas "debidamente sellada con fecha de 21 de diciembre de 2010" al cumplir con "todos los requisitos, y además, ya que solo iba a desempeñar la mencionada ocupación durante seis meses". Con carácter previo, añadió, se analizó la viabilidad de la contratación y se constató que "la Junta Electoral Central tiene reiteradamente acordado que no existe incompatibilidad con la condición de concejal si éste no se incorpora a la plantilla de personal del Ayuntamiento, ni tampoco cuando se trate de obras de corta duración y financiadas con fondos ajenos al Ayuntamiento".

Acerca de la situación contractual del operario de servicio múltiples, Herrera ha afirmado que el alta en la Tesorería de la Seguridad Social se produjo "el día 4 de noviembre de 2010, el mismo día en que causó baja el anterior empleado de mantenimiento". Su incorporación se realizó "a través de una oferta de empleo debidamente diligenciada por el SAE y con validez hasta el 3 de mayo". El alcalde acusó al candidato del PSOE, Salvador Rivas, de hacer "un gran daño al pueblo en general y a mi familia en particular" y le reprochó que sus argumentos estén "reducidos a la mera difamación, pretendiendo utilizar la prestigiosa institución de la Fiscalía con la ilícita intención de obtener réditos políticos".

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