Una vez recuperada la tranquilidad mediática y mientras que los activistas de Greenpeace que durante unos días instalaron una oficina provisional en el hotel El Algarrobico con el objeto de recoger firmas para el derribo de la edificación, abandonaron su encierro para entregar ayer en Moncloa las firmas recogidas, el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández, señalaba a este periódico que "el sentido común dice que no se debe derribar el hotel de El Algarrobico una vez que ya está edificado y a falta tan sólo de ser equipado. Creo poder hablar en nombre de la mayoría de mis vecinos, al manifestar que esto se podía haber dicho cuando comenzó a construirse o, incluso, en el primer rebaje que hubo de terreno se podría haber alzado la voz y presentado las pertinentes denuncias. Lo que no vemos normal es que se haya hecho una vez terminado el edificio, porque es una pena destruir el hotel".

Salvador Hernández, por otra parte, recoge los ánimos ciudadanos al recalcar que "la población de Carboneras está molesta porque no se debe utilizar el nombre de este municipio como si fuéramos, tal y como nos pintan, terroristas contra el Medio Ambiente. El edificio está en Carboneras, es cierto, pero no es para que seamos el saco del boxeo en el que se descargan los golpes por todos lados como si estuviéramos involucrados en la corrupción y el urbanismo salvaje".

De otro lado, el alcalde se suma a las manifestaciones efectuadas por la Asociación de Empresarios del Turismo de Carboneras "porque lo único que resalta es que no por muchas manifestaciones se va a adelantar el proceso judicial. Tenemos que dejar trabajar a la Justicia. Ahora no se trata de la opinión del Alcalde de Carboneras o de la Ministra, sino que corresponde a los jueces determinar si está bien o está mal, si es ilegal o no".

Para el primer edil está claro que se deben asumir responsabilidades, sean cuales sean: "si hay algún responsable político local, autonómico o nacional, de este entuerto, que pague su carga por haber hecho las cosas mal hechas". No obstante, Hernández insiste en que con la infraestructura ya terminada y aunque no se destine a hotel, no debería procederse al derribo de la construcción que, en su opinión, podría dedicarse a dar servicio y a crear puestos de trabajo.

Respecto a las actividades encaminadas a la demolición Hernández entiende que "la postura de los ecologistas es respetable y loable, aunque en el caso del hotel las formas no son las más adecuadas. Si realmente el hotel está ilegalmente hecho o no se han respetado las leyes, pues desde un principio se podría haber resuelto ésta situación porque nadie puede alegar que no se viera, mire que es grande, que no es un almacén de aperos".

El alcalde desconoce cuál pueda ser la intencionalidad política existente alrededor de esta edificación, si es que existe; lo que no entiende el regidor es cómo pueden transcurrir cinco años sin que se haya resuelto el conflicto.