La asociación Cañada de Las Norias exige hoy que se declare de emergencia el nuevo bombeo

  • Los afectados por las inundaciones esperan obtener una respuesta de la administración andaluza

Cansados de no obtener más allá de cortinas de humo, los miembros de la Asociación Cañada de Las Norias, que representa a los centenares de afectados por las constantes inundaciones de la Balsa del Sapo decidían convocar una concentración a las puertas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para exigir a la administración andaluza que declare de emergencia las obras anunciadas hace unos meses por el consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, quien apuntaba entonces a que las obras se llevarían a cabo con máxima urgencia si bien no se comprometió en ningún momento a que estuviesen listas antes de la época de lluvias, fecha límite para agricultores y vecinos de Las Norias de Daza.

En un primer momento la convocatoria estaba prevista para ayer martes, pero "se ha pospuesto como consecuencia de otra convocatoria anterior", ha indicado el portavoz de la asociación, Juan Bartolomé Escobar. Esta medida de protesta que llevan a cabo hoy surge tras la reunión mantenida hace unos días entre la delegada de Medio Ambiente, Sonia Rodríguez, y miembros de la junta directiva de la asociación, éstos conocieron que las obras del nuevo bombeo, como medida provisional hasta que llegue la construcción del túnel de desagüe, no comenzarán antes del mes de septiembre. Un fecha que puede ser "catastrófica", según apuntaban los afectados, dado que éstas no estarían concluidas antes del mes de marzo lo que supone nuevos riesgos de inundaciones para edificios colindantes a la balsa. Y es que según los cálculos realizados por la asociación Cañada de Las Norias, las lluvias del próximo invierno podrían provocar las mayores inundaciones de la historia de este núcleo, dejando bajo el agua de la balsa a edificios públicos como el centro de salud, la oficina municipal o el club de la tercera edad, al encontrarse en la zona más baja de este núcleo. Las pérdidas podrían ascender a más de tres millones de euros, sin olvidar del peligro para la ciudadanía.

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