En los últimos años ha habido baile de cifras y bastante silencio por parte de las administraciones acerca del número de viviendas ilegales que se han levando en suelo no urbano a lo largo de la geografía provincial. Una totalidad que ha sido cuantificada por el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y decano almeriense, José Pascual Pozo, en 15.000 inmuebles, para los cuales el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería (COAA), ha reclamado a la Junta de Andalucía la tramitación de un marco legal que acabe con esta situación de irregularidad que afecta, sobre todo, a los municipios del Valle del Almanzora.

La grave problemática, de la que Almería es una de las provincias andaluzas más afectadas, se puso de relieve durante la celebración ayer de las Jornadas para un Nuevo Urbanismo en Andalucía, organizadas por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de cara a recabar sugerencias para la concreción de las bases sobre las que modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

En su intervención como colegio invitado, el decano del COAA, Javier Hidalgo, no ha querido dejar escapar la oportunidad de hacer un llamamiento al Gobierno andaluz para que contemple soluciones a las viviendas irregulares, ahora que la Consejería prepara la nueva LOUA. Hidalgo no solo ha manifestado la necesidad de dar una respuesta lógica que restituya la legalidad en aquellos casos en los que sea factible, sino que además le ha requerido a la Junta que la LOUA "defienda al propietario en aquellos casos en los que la administración pública haya sido la causante de la situación de irregularidad".

Esta es una de la aportaciones que el COAA hará llegar a la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio dentro del proceso participativo que el Gobierno andaluz pone en marcha esta misma semana a través de las denominadas Consultas Públicas Previas, al objeto de contar con las aportaciones que los diferentes agentes implicados, así como la ciudadanía en general, consideren de interés para la concreción de las bases sobre las que se redactará la nueva LOUA, un instrumento esencial para el desarrollo urbanístico de los municipios andaluces.

El COAA también ha solicitado a la Consejería que la nueva Ley de Ordenación Urbana esté adaptada a la realidad física y económica, ya que "el actual modelo urbanístico es el mismo que antes de la crisis. No más de cinco municipios en Almería tienen su plan general adaptado a la LOUA de los más de cien que componen la provincia. Los ayuntamientos tendrían que cambiar sus planeamientos para adaptarlos a la realidad actual, pero ¿cómo hacerlo?" En este sentido, Hidalgo ha pedido a la Consejería "agilidad en la tramitación" ante la "gran odisea de aprobar un Plan General de Ordenación Urbana".

Precisamente este es uno de los objetivos del cambio normativo que ayer trasladó el director general de Urbanismo de la Junta, Alejandro Márquez, en aras de "agilizar y simplificar" el proceso de aprobación de los planes generales que absorbe una media de diez años, un tiempo excesivo que la Consejería pretende acortar a los "cuatro años" que dura una legislatura con esta modificación de la LOUA, que también atenderá las diferentes necesidades, según adelantó Márquez, que tienen en cuestión de planeamiento los pequeños municipios y las capitales de provincia.