El consistorio pide a los comerciantes que paguen u "otro ocupará su lugar"

  • La subida de la tasa de ocupación de la vía pública, motivo de enfrentamiento

La polémica por la subida en la tasa de ocupación del metro público en el municipio albojense entre el Ayuntamiento y la Asociación de Comerciantes Ambulantes de la comarca del Almanzora ALCA, se ha radicalizado después de la reunión celebrada el pasado miércoles entre ambas partes.

Mientras desde el Ayuntamiento se acusa a los vendedores de acudir con una actitud "intransigente e irrespetuosa" por no acudir según el alcalde, José García, con una postura dialogante. "Como único argumento utilizaban la intransigencia, junto al todo o nada, impidiendo cualquier dialogo y acercamiento, y por tanto cerrando las puertas definitivamente a un posible acuerdo".

Con nombres y apellidos, acusando a los cuatro representantes "de estar instrumentalizados y manipulados por algún pseudo político que no se atreve a incorporarse a la derecha y quiere hacer carrera política con los vendedores" reza el comunicado, en el que se advierte además que se acelerará el pago de los recibos y "al que no lo haga, se aplicará la ordenanza vigente, ocupando su lugar otro solicitante".

Desde ALCA, ante las acusaciones vertidas por el alcalde, insisten en que "el alcalde falta a la verdad una vez más". Ya que según explican, en la mencionada reunión "sólo se limitó a reprocharnos las informaciones aparecidas en los medios de comunicación, en los que se reflejan los acuerdos logrados de no subir la tasa con ayuntamientos vecinos" manifiestan desde el colectivo.

Del mismo modo, contradicen las afirmaciones en las que el Ayuntamiento asegura que deben recibos desde 1.999. Con los recibos del banco en la mano los trabajadores explican que "la subida pretendida por la anterior corporación fue negociada y congelada y nunca se llegó a aplicar. Así y todo, Albox sigue siendo el más caro, y con la subida que pretenden, doblaría al más caro de toda la provincia".

La Asociación, que está constituida desde hace ocho años, rechaza las amenazadas de quitarle los puestos, e insisten que "la protesta y el derecho a huelga es una garantía constitucional". Añaden en este sentido que "quieren revivir los días oscuros de la historia, amenazándonos y persiguiéndonos por exigir nuestros derechos"

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