Un juzgado de instrucción de la capital almeriense ha ordenado el bloqueo de 29 fincas propiedad que el conocido empresario hotelero Miguel Rifá tiene en Roquetas de Mar, para hacer frente a las posibles responsabilidades que incurriría en sendos presuntos delitos de alzamiento de bienes y contra la Hacienda pública y que ascenderían a un montante cercano a los 100 millones de euros, según ha podido conocer Diario de Almería de fuentes judiciales cercanas a los hechos. Al parecer, en el procedimiento abierto, hay otras tres personas más implicadas y que podrían ser los testaferros del empresario en varias operaciones.

Las fincas están inscritas en el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar a nombre de sociedades del empresario afincado en Roquetas de Mar y su bloqueo se ha realizado a instancias de la Agencia Tributaria como medida cautelar para intentar cobrar las enormes deudas que esas sociedades tienen con Hacienda.

Se trata de un procedimiento que lleva el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería en sus Diligencias Previas 3.144/2012. En dichas diligencias figuran los presuntos delitos de Alzamiento de bienes y contra la Hacienda pública contra Miguel Rifá.

El primero de ello, siempre según las diligencias a las que ha tenido acceso este periódico, se podría haber producido al haber trasladado a una sociedad situada en Portugal, todo el capital de las sociedades españolas a las que estaban escrituradas las fincas ahora bloqueadas, entre ellos varios hoteles. Dicho traslado se pudo producir en un intento de que Hacienda no procediera a su embargo, al haber acumulado en los últimos años deudas con Hacienda que dichas fuentes sitúan en el entorno de los 100 millones de euros. También existe la sospecha que esta sociedad lusa se haya podido gestionar por medio de testaferros de ese país.

Rifá también está imputado por el mismo juzgado en varios delitos contra la Hacienda Pública al no haber abonado a tiempo los impuestos de varias de sus empresas.

Otras tres personas más se encuentran imputadas, al haber ayudado al empresario en sus operaciones, puesto que figuran en las escrituras que se han firmado en las notarías, donde actuaron como testaferros del primero de ellos. La investigación judicial continúa abierta y no se descarta que se produzcan nuevas actuaciones a lo largo de los próximos días, así como más medidas cautelares.