"Lo que es ilegal según la LOUA, es ilegal también en el Decreto"

  • El letrado de AUAN no cree que el documento de la Junta sea la solución definitiva para las casas ilegales y asegura que en la gran mayoría no se podrá modificar su situación

El Consejo de Gobierno de la Junta aprobaba el martes del Decreto para la regularización de viviendas ilegales, un problema que se cifra en más de 12.000 casas en la comarca del Almanzora. Gerardo Vázquez es el abogado de la Plataforma AUAN que aglutina a gran parte de los afectados. Con él, analizamos el alcance de este decreto en la provincia de Almería.

-La Junta dice que se podrá legalizar el 90% de las casas. ¿Coincide usted con esta valoración después de conocer el Decreto?

-No puedo coincidir con esa valoración. Ese decreto en mi opinión, lo que establece es un reglamento, los reglamentos por su naturaleza no pueden cambiar la legislación básica de la cual dependen, en este caso la LOUA, lo único que pueden hacer es matizarla. Lo que en un principio es ilegal según la LOUA, es ilegal según el decreto. De hecho, según la versión del decreto que yo tengo, con fecha del 7 de diciembre de 2011, en el preámbulo cuando habla de las viviendas en régimen asimilado fuera de ordenación, las edificaciones siguen manteniendo su situación jurídica de ilegalidad. Es cierto que se pueden ver algunos avances en este decreto en cuanto a que pueden facilitar la incorporación de ciertos asentamientos, de ciertas agrupaciones o urbanizaciones irregulares al planeamiento municipal, y da claridad a ese proceso de incorporación, pero de ahí a decir que se van a regularizar el 90% de las casas, hay una brecha muy grande.

-¿Cree usted que algunas de esas figuras de las que habla el decreto podrían dejar a esas casas en un limbo?

-Así es, es mi opinión, las viviendas que se clasifiquen en el régimen de asimilado fuera de ordenación, según el decreto no pueden tener licencia de primera ocupación. En un principio tienen que contar con sus propios servicios de agua y luz de forma autónoma y el decreto dice que solo excepcionalmente, pueden pedir el enganche a la infraestructura general, obviamente costeando ellos lo que esto implica. Pero eso realmente ya es el caso en la actualidad; tienen una casa en el campo y pueden poner sus placas solares y llenar el depósito del agua. Eso de que excepcionalmente pueden conectar, habría que mirarlo porque no está claro y veo algo de discreción del ayuntamiento.

-El decreto establece varias vías para la regularización o reconocimiento de estas construcciones que se han realizado en los últimos años, ¿Cuáles serían esos supuestos?

-Los que más interesan a esta zona son tres. En primer lugar, las viviendas construidas sin licencia que no cumplen con la legalidad urbanística subyacente, pero que ha caducado el plazo de la administración para actuar contra esas viviendas, la idea es que esas viviendas sean designadas con el régimen de asimilado fuera de ordenación. El otro grupo sería el de los asentamientos de varias casas; en este caso es posible que estos asentamientos se incorporen a los planeamientos municipales si están cerca del núcleo, en este caso el decreto prevé su incorporación en el tiempo. Y el tercer caso serían las viviendas en núcleos históricos, en este caso se les llama Hábitat Rural Diseminado.

-Aquellas viviendas que tengan un proceso judicial abierto, ¿van a poder acogerse?

-Según entiendo yo, si tienen un proceso en curso difícilmente van a poder acogerse al régimen de asimilado fuera de ordenación. Si son parte de un asentamiento, yo creo igualmente que el procedimiento judicial es un procedimiento independiente, en el caso de que se incorpore al planeamiento; lo que pasa es que esa casa no se legaliza según el decreto hasta que esté toda la urbanización hecha, sea recepcionado por el ayuntamiento y se haya regularizado totalmente ese asentamiento porque es un procedimiento muy largo en el tiempo y la justicia mientras tanto sigue su curso. Es posible alegar ante el tribunal que es un sin sentido tirar esa casa, dado que se va a regularizar y creo que sería de justicia que se aplicase, pero no hay ningunas garantías.

-Los afectados hablan de una proceso, el que se abre ahora muy largo, ¿de cuanto tiempos estaríamos hablando para que estas casas pudieran cambiar su situación?

-Para ser realista, indefinido. Si sigue el entorno económico actual, quién va a costear estas obras de urbanización o el planeamiento, aparte de que el proceso en sí mismo es muy lento. La mayoría son jubilados y podrían morir antes de que se regularice su casa en diez o quince años.

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