La Guardia Civil ha elevado en los últimos tres días de 20 a 24 el número de imputados por presunta corrupción urbanística en Zurgena (Almería) dentro de las diligencias incoadas por la Fiscalía de Medio Ambiente ante la supuesta construcción de un millar de viviendas en suelo rústico del término municipal y en el marco de las cuales la Benemérita detuvo el pasado día 2 al alcalde, Cándido Trabalón (PA), el concejal de Urbanismo, Manuel Tijeras (PA), así como a dos promotores inmobiliarios y dos arquitectos, todos en libertad con cargos y sin fianza después de prestar declaración ante la juez el pasado día 4.

Fuentes cercanas al caso ha señalado que tres de los cuatro nuevos imputados dentro de la denominada operación 'Costurero', todos acusados de un delito contra la ordenación del territorio y dos de ellos también de cohecho, prestaron declaración en la Comandancia durante el fin de semana, mientras que el último, al que se atribuyen delitos de prevaricación urbanística, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, lo hizo esta misma mañana.

No obstante se mantienen en siete las detenciones practicadas por la Guardia Civil, que sumó al arresto del alcalde, el edil de Urbanismo, los constructores y los arquitectos el de la ex secretaria municipal Trinidad Lidueña, a la que se acusa de prevaricar y delinquir contra la ordenación del territorio en la tramitación de expedientes desde el año 2004 para autorizar la construcción de más de mil viviendas sobre suelo no urbanizable en seis pedanías del municipio, de menos de 2.800 habitantes.

La investigación, que continúa abierta, imputa a otros 13 de los implicados los mismos delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio que a la ex funcionaria del Ayuntamiento zurgenero, a cuyos concejales en la anterior corporación señalan como implicados por haber emitido voto favorable en pleno a los proyectos urbanísticos promovidos por el Ayuntamiento y 25 empresas.

La titular del Juzgado de Instrucción número dos de Huércal-Overa (Almería), Pilar Alfonso Rodríguez, ordenó el pasado martes el alza del secreto decretado en septiembre de 2007 sobre el sumario que también derivó en el arresto de los promotores inmobiliarios Antonio López y Tomás Zurano -también presidente del Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop) y los arquitectos Francisco Salvador y Carlos Berbel.

A los siete detenidos, que deberán personarse ante el juzgado una vez al mes, se les imputa prevaricación urbanística y delito contra la ordenación del territorio, a los que se suman, en el caso de los ediles los de cohecho, y en el caso de Zurano el de desobediencia ya que no acató la orden de paralización de una promoción, impugnada por la Junta de Andalucía.

Tras quedar en libertad sin fianza pero con el cargo añadido de presunta falsedad en documento público, el alcalde achacaba la operación a una trama de "acoso del PSOE". 

Tanto el primer edil como el concejal de Urbanismo, que fueron citados a declarar en relación con este caso en enero de 2007 aunque en calidad de testigos, fueron detenidos dentro de la operación 'Costurero', centrada concretamente en investigar las presuntas irregularidades en la construcción de 85 viviendas, incluidas en las mil que estaban bajo sospecha desde 2004.  

En concreto, la actuación establece relación entre esta actuación y movimientos inusuales de dinero en cuentas particulares, el alquiler de cajas de seguridad o el uso de vehículos de la empresa propiedad de uno de los promotores imputados, extremos confirmados por Trabalón y Tijeras tras ser puestos en libertad y revelar que parte de las pesquisas se centraban en un ingreso bancario de 12.000 euros y la cesión de un turismo de lujo por parte de un promotor, respectivamente.