EL 10 de julio de 1996, la Audiencia Provincial de Almería decidió absolver a Gonzalo Valle Ros, el único procesado en el caso de la violación y asesinato de la joven pintora almeriense Ana Margarita Lirola.

El juicio definitivo tuvo lugar nueve años más tarde de producirse su trágica muerte. Anteriormente, en marzo de 1994 se inició la vista oral por esta causa, suspendida por falta de pruebas complementarias que tenía que aportar el perito Luis Frontela sobre nuevas muestras periciales. Desde la fecha del crimen, el 10 de agosto de 1987, hasta la celebración del juicio, en distintas fechas, Gonzalo Valle Ros absuelto del brutal asesinato, estuvo durante veinte meses en prisión preventiva.

La sentencia recoge que no había quedado probado, que Valle Ros fuera el autor del crimen. El ministerio fiscal había pedido para el acusado una pena de veintiocho años de prisión por homicidio y violación.

El cadáver de Ana Margarita Lirola de 27 años de edad, apareció en una acequia entre matojos, en un paraje llamado "Hoyo Peralta" a unos tres kilómetros de El Ejido. El cuerpo brutalmente golpeado, presentaba evidentes señales de violación con una herida punzante en el muslo y la ropa destrozada. Había muerto desangrada.

Durante varios días, el cadáver descubierto por un agricultor, permaneció en el cementerio municipal de El Ejido, mientras la Guardia Civil recopilaba datos para obtener su identificación, al mismo tiempo que se alertaba a la población sobre el macabro descubrimiento.

Los familiares de Ana Margarita Lirola, alarmados ante la desaparición súbita de la joven, decidieron acudir a reconocer el cadáver aparecido, de unos rasgos un tanto confusos facilitados por el Gobierno Civil. La familia Lirola, una vez ante el deformado cuerpo comprobaron que se trataba de su hija y hermana.

La Guardia Civil inició las investigaciones tratando de reconstruir paso a paso los últimos días de la víctima, desde que salió de casa para ir a un concierto de Alaska. El 28 de agosto de 1987, agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil de Almería, detenía en el pub "Jaque Mate" de El Ejido, a Gonzalo Valle Ros como presunto autor del crimen.

El detenido tenía entonces 31 años y pese a que había nacido en San Sebastián poseía la nacionalidad cubana. Había llegado a la provincia de Almería un mes antes. El 10 de julio entró a trabajar en los laboratorios de Quash-Tierras de Almería, existentes en El Ejido.

Tras permanecer 26 días detenido en los calabozos del cuartel de la Policía Local de Berja, el juez en funciones, responsable del juzgado de instrucción numero 1 de Berja, Jesús Saracho Mejías, decretó su libertad el 23 de septiembre por falta de pruebas.

En el tiempo que Gonzalo Valle estuvo detenido, la Guardia Civil realizó diversos análisis y pruebas periciales en sangre, prendas de vestir e incluso un trozo de la tapicería del coche del acusado, se enviaron a los Laboratorios Centrales de la Guardia Civil en Madrid, que remitió un informe con resultado negativo. A otras dos personas, que aparecieron en el sumario, durante ese período se les tomaron declaración, practicándole otras pruebas y exámenes analíticos.

Al quedar libre su abogado defensor Francisco José Soriano, señaló que se había ofendido la imagen de su cliente en algunos medios de comunicación, tachándole de tener antecedentes por robo y tráfico de drogas. Soriano informó entonces, que Gonzalo Valle tenía un antecedente por estafa, condenado a dos meses de arresto, que ni siquiera cumplió.

La familia de Ana Margarita Lirola, encargó el caso a Darío Fernández, quien disconforme con el informe forense, practicado con escasos medios, solicitó y obtuvo autorización del juez Vélez Ramal-uno de la casi decena de jueces que han intervenido en el caso para la exhumación del cadáver y nueva autopsia.

El 18 de septiembre, el catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Sevilla, Luis Frontela practicó una nueva autopsia en el cementerio de Dalías, cuya laboriosa tarea se prolongó por espacio de unas cinco horas. Frontela realizó un estudio de restos microscópicos de la epidermis, pies y manos y un estudio radiológico de las fracturas óseas.

En esas fechas, el abogado Darío Fernández, acusaba a la Guardia Civil de haber seccionado los dedos del cadáver para su estudio dactiloscópico, por lo que habían desaparecido pruebas de indudable interés que pudieran encontrarse en el interior de las uñas.

La reconstrucción de los hechos se efectuó en la discoteca de Almerimar, con los sospechosos, ya que al parecer este fue el último lugar donde se vio con vida a la infortunada muchacha.

A la investigación, en los primeros meses, se unieron funcionarios del Grupo de Homicidios de la Brigada Central de la Policía, a petición del letrado defensor de la familia Lirola, con la autorización del juzgado instructor y fiscal del caso.

Desde los primeros momentos, tanto la familia como Darío Fernández, han sostenido la teoría de que el crimen no fue obra de una sola persona. Sus hermanos Isabel y Manuel fueron constantes pidiendo sin descanso que el crimen de la muchacha no quedase impune. La familia de Ana Lirola se gastó mas de un millón de pesetas en la investigación de caso, que ellos mismos realizaron al margen de los jueces que han estado relacionados con el esclarecimiento de los hechos.

En la primera autopsia, no se habían recogido elementos en las partes blandas de la victima por hallarse en estado de putrefacción, por lo que no pudo en aquellos momentos determinarse si la joven había sido forzada sexualmente.

La familia criticó que tras la aparición del cadáver no se tomaran medidas efectivas para esclarecer el caso, tales como el acordonamiento de la zona, búsqueda de otras huellas de sangre e incluso interrogar a los agricultores de las fincas cercanas. También hubo negligencia en la conservación del cadáver para un examen forense mas detenido, ya que en vez de permanecer en una cámara frigorífica, el cuerpo sin vida de Ana Margarita se mantuvo en una caja de madera soportando las fuertes temperaturas del mes de agosto durante cuarenta y ocho horas.

Los tribunales dictaron sentencia. Cuando se van a cumplir veintidós años del aberrante crimen el asesino o asesinos de Ana Margarita Lirola disfrutan de la libertad. Las convicciones morales, son otra cosa.