La paralización de la Variante enfrenta a Junta y Ayuntamiento

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En noviembre de 2007 los medios de comunicación recogían la adjudicación de las obras de la Variante de Roquetas de Mar, el tercer tramo de la autovía de acceso a Roquetas y Vícar en el Poniente almeriense. Tenía una inversión inicial prevista de 36,8 millones de euros a través de fondos Feder de la Unión Europea y formaba parte del plan 'Más Cerca' de infraestructuras viarias. El plazo de ejecución de las obras era de 30 meses a través de la UTE Acciona/López Porras. Su longitud prevista era de 7,3 kilómetros, rodeando Roquetas de Mar por el oeste y evitando el paso a los vehículos por el municipio en dirección a las playas y la Urbanización.

Pero ni la Junta de Andalucía ni el equipo de gobierno del Partido Popular en la ciudad contaban en esa fecha con una monumental crisis económica que provocaría que los dueños de los terrenos por donde iba a pasar la carretera se negaran al trazado por sus fincas a no ser que se les compensara económicamente de manera satisfactoria. Familias como los Ibáñez, con unos 20.000 metros cuadrados de invernaderos dedicados al cultivo del tomate en las cercanías de la estación depuradora de aguas residuales, plantaban cara a las instituciones y las obras tenían que parar forzosamente, porque el ayuntamiento no tenía la titularidad de todos los terrenos. La Junta ya avisaba en 2009 que si no se lograban los permisos se tendría que paralizar. Juan Diego Ibáñez se negó a que las obras de la variante entraran en su finca, por lo que quedaron paralizadas a las puertas de ella. "El director de Infraestructuras, Carlos Camacho, me llamó para entrar en el invernadero y desmontarlo al estar aprobado el PGOU, y me negué", recordaba, ya que hay un total de once explotaciones que no han sido cedidas por los agricultores y donde se atranca la autovía. Los vecinos mantienen que la carretera no pasa por allí hasta que no hubiera un acuerdo, porque el que se les prometió inicialmente, con compensaciones a través de terrenos en la futura urbanización de Las Salinas, consideraban que era papel mojado. "Si reparcelan y expropian forzosamente no nos va a quedar ni para comprarnos una choza. ¿Pero cómo se les ocurre empezar una obra sin tener todos los títulos de propiedad de las tierras?", se lamentan algunos agricultores mientras recogen los tomates bajo el fuerte calor de lo que todavía es su invernadero.

Al no disponer de las tierras el ayuntamiento no podía poner a disposición de la Junta los terrenos para las obras, por lo que de la postura de fuerza de los vecinos se ha pasado a la paralización oficial de todas las obras, ya que mientras tanto los operarios habían seguido hasta ahora trabajando en el resto del trazado fuera del conflicto con los vecinos.

La situación ha provocado un duro cruce de acusaciones entre el PSOE y el ayuntamiento. De esta manera, el concejal de Urbanismo de Roquetas de Mar, José María González, tachaba de "persona de poca vergüenza" al candidato a la alcaldía por el PSOE, Juan Ortega Paniagua, que pedía la dimisión del alcalde, considerando una incongruencia y falta de responsabilidad sus recientes declaraciones sobre la paralización de las obras de la autovía por parte de la Junta de Andalucía, "ya que una vez más pone de manifiesto que se trata de una campaña política cuando en realidad lo que debería de hacer es pedir responsabilidades a la administración andaluza". Según González, el Ayuntamiento no tiene ninguna notificación oficial del paro de las obras puesto que el pasado martes, afirma el edil, los operarios de la UTE GIASA estaban trabajando. "No obstante -precisa- si las obras se paralizaran no sería por falta de terreno, sino por falta de partida presupuestaria de la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, ya que disponía de 8 millones de euros para el ejercicio actual y esa cantidad ya se ha gastado". "Asimismo -añade-, nos gustaría saber desde cuándo no se han firmado certificaciones de pago, y posiblemente sean ellos mismos los que han paralizado las obras, porque al Ayuntamiento sólo le queda por ceder los terrenos de once agricultores de un total de 767.558 metros cuadrados, que son de los que dispondrá la autovía".

Pero en el peor de los casos, González considera que las obras de la autovía pueden continuar sin ningún problema desde los enlaces 2, 3 y 1 que van desde Las Losas hasta la avenida de Alicún, a la altura de la cooperativa Hortamar. Asimismo, ha instado al delegado de Obras Públicas de la Junta de Andalucía a que compruebe el texto del propio director general de Infraestructuras con número de registro 6.445 de la Junta de Andalucía, de fecha 29 de junio de 2010.

El concejal de Urbanismo pide al candidato socialista que deje de hacer demagogia, defienda los intereses del municipio y pida responsabilidad a la Junta de Andalucía, ya que los terrenos para la autovía tienen un valor aproximado de 22 millones de euros y el Ayuntamiento ya ha entregado alrededor del 90 por ciento. "Lo que la Junta debería de hacer es darle las gracias a los roqueteros por haberle ahorrado esa cantidad, además de cumplir el convenio firmado en su día, porque tampoco lo han cumplido. En el mismo se estipulaba que sería la Junta quien debería de arreglar las carretera de Las Losas y al final fue el Ayuntamiento quien tuvo que hacerlo, y que la autovía estaría finalizada para 2005 y en esa fecha aún no se había iniciado. La situación económica entonces era distinta, y eso lo saben muy bien los propios agricultores", argumentaba González, cuya no presentación a las próximas elecciones locales causaba sorpresa en algunos sectores de la ciudad.

La conflictiva situación hace que esté en el aire la finalización de la variante. Iba a tener dos calzadas y dos carriles de 3,5 metros para cada sentido, separados por una mediana de seis metros. De una rotonda de gran tamaño derivarían dos vías de acceso a las nuevas urbanizaciones costeras y a las zonas periféricas del Poniente, atravesándose entre otras las ramblas del Cañuelo, el Vínculo, el Aljibe y el Cementerio.

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