EL maestro de minas giennense Lorenzo de Molina, en su recorrido del año 1605 por la Sierra de Gádor, constata la explotación de "escorias plomizas" y de algún mineral abandonado sin fundir por varios "plomeros" vecinos de Codba de Andarax (Presidio, Fuente Victoria). Poco después (1606), ante Juan Falconi alcalde mayor de la Alpujarra, los plomeros Martín Sánchez del Barco y Juan Grande, tras hacer referencia a los numerosos pozos mineros existentes en la Sierra de Gádor explotados por los "antiguos", se manifiestan en el mismo sentido, matizando el último que trabajó en la mina de los Aljibes Quebrados.

En Codba, que en el periodo de 1577-1587 producía anualmente unos 800 quintales de plomo argentífero y en 1618 contaba con un "factor del plomo", el levantamiento morisco de 1568 y el subsiguiente proceso repoblador del último cuarto del siglo XVI no significó el olvido de la minería. En este tiempo no se pasaba de la rudimentaria explotación de las escorias existentes en los alrededores de las minas, debido a la abrumadora escasez de recursos económicos de los nuevos pobladores; por otra parte la administración propició comisiones de investigación como las de Lorenzo de Molina y Juan Falconi.

Los días 10 y 11 de mayo de 1751 Presidio (Codba) responde a la pregunta 17 de las Generales del Catastro de Ensenada:

"En la Sierra de Gádor, término de este lugar, hay y se encuentran algunas minas muy antiguas y otras que han descubierto pequeñas, de las que se sacan porciones de tierra o mena para fundir o fabricar plomo, y se hallan en sitios comunes, sin tener en ellas propiedad ni derecho vecino, ni otro particular alguno, y naturalmente pertenecen a Su Majestad.

En las cuales y en la fundición del plomo están ocupadas diferentes personas, vecinos de este lugar, unos sacando la mena, otros trabajándola y labrándola y otros fundiendo".

Pocos meses antes, 17 de marzo de 1751, Dalías respondía a la misma pregunta que "en el término de esta villa no conocen minas de ningún metal, ni en su tiempo han visto trabajar tal cosa". Poco podían imaginar los informantes que pasados unos setenta años Dalías iba a conocer, igual que otros municipios, un espectacular desarrollo de la minería del plomo en la Sierra de Gádor.

Inevitablemente surgen comparaciones y el interrogante de por qué se dan estos casos, máxime cuando en Dalías, según declara el testigo Juan Núñez en 1606 a Juan Falconi, antes del levantamiento morisco existían y se explotaban varias minas de plomo en las cuales se ocupaban numerosos vecinos. Esta rebelión de finales de 1568 y la repoblación que le siguió significó la paralización de la actividad minera motivada fundamentalmente por la falta de recursos económicos de los nuevos pobladores según el citado testigo que termina haciendo un llamamiento a la Corona para remediar la situación. Respecto al grado de paralización es significativa la información del alcalde Lorenzo de Murcia sobre ciertos "plomeros" que beneficiaban y fundían plomo.

Tras una fase de gran esplendor entre 1820-1829 y respecto a las alternativas y fluctuaciones de la minería es elocuente lo manifestado en la sesión del ayuntamiento de Presidio del 2 de diciembre de 1832: "se hallan las minas plomizas en una total decadencia en su término, razón de su poca concurrencia; asimismo las fábricas de dicho género plomizo se hallan desiertas".

A esta calamitosa situación seguirá, de manera indecisa, cierto resurgimiento en el cual persistirán las dos formas tradicionales de obtener el mineral: en las minas y por el sistema denominado de "rebusca", recoger el mineral que se encontraba cerca de la superficie o en labores abandonadas.

En la Relación de contribuyentes, en industria y comercio, elaborada por el ayuntamiento de Presidio para el año 1835 se consignan: diez explotaciones mineras "en que se ocupan más de cinco operarios en sus excavaciones y menos de treinta" destaca La opera (1.000 reales), seguida por Pozo de San Juan (700), Santa Rosa/La Corona (316), etc. Añadiendo: "se hace demostrable que aunque en este término hay otras muchas minas, que han sido abundantes en los años anteriores, hace mucho tiempo que se hallan explotadas; y ocho o diez se trabajan a partido por dos o tres operarios que aún no les producen para su elaboración".

De tiempo atrás el plomo venía teniendo como destino casi exclusivo las necesidades internas, especialmente las militares, por lo que la Corona mostraba un especial interés por el mismo.

La Real Cédula de 27 de octubre de 1772, disponía: "sean exentos de concurrir al reemplazo de mi ejército los aperadores y sotoaperadores, los fogateros de los hornos reverberos, los curadores de los castellanos y los dos fundidores de munición de las minas de plomo de Linares; con calidad de que tengan la aprobación de los directores de mis rentas, los que en lo sucesivo ejerzan estos oficios, y de que nunca se extienda esta concesión a más de veinticuatro maestros de estas clases aun cuando, en algún tiempo, exceda de este número el de los expresados facultativos, y que queden sujetos a esta contribución los peones y demás trabajadores de las minas, como que son unos meros jornaleros".

Otra Real Cédula anterior, 12 de mayo de 1772, por la que se declaraban exentos del servicio militar a un segundo director de las minas, un minero mayor y entibador, y otro que se necesita, un ayudante de entibador, los barreneros, fundidores, contramaestres, oficiales, maestros refinadores y sus oficiales, carpinteros, maquinistas, herreros y martineros, con sus respectivos oficiales, y a los calcinadores, de las Reales Minas de Cobre de Ríotinto y Aracena, aclaraba "por cuanto estos oficios requieren aprendizaje y mucha práctica y no son fáciles de reemplazar con otros"; los peones, operarios y carboneros quedan obligados al alistamiento y sorteo.

El interés estatal incidía tanto en la extracción del mineral de plomo como en su fundición, reflejado, por una parte, de 1748 a 1820 en la gestión de la administración del Estanco y Renta del Plomo, cuya consecuencia fue el aumento de la producción al permitir el laboreo por particulares, y, por otra, el que Hacienda se reservara el beneficio del mineral, con el efecto del establecimiento de Fundiciones Reales, para la obtención de plomo a partir de la galena de la Sierra de Gádor, en Turón, Alcora/Canjáyar y Presidio (Fuente Victoria), de la cual existe, en el Archivo Municipal, un inventario de 1712.

El apelativo Real está denotando la puesta en práctica de una política de intervención por parte de los poderes públicos, con la pretensión de restringir la dependencia económica y reforzar el poder y la riqueza nacionales.