El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, ha negado "rotundamente" cualquier vinculación entre Alejandro Agag, yerno de José María Aznar, y el Ayuntamiento de la capital y ha anunciado que está "estudiando llevar ante los tribunales" al portavoz socialista, José Antonio Amate, quien ha insinuado un posible tráfico de influencias en la contratación del prestigioso arquitecto Norman Foster para la construcción del futuro Palacio de Congresos de la ciudad.

Rodríguez-Comendador asegura que "no hay ningún tipo de relación entre el Ayuntamiento de Almería y el señor Alejandro Agag, al que sólo conocemos a través de los medios de comunicación" y considera "cobardes y rastreras" las insinuaciones de Amate, "que responden al "calumnia que algo queda", tan común en el PSOE y que recuerdan a épocas anteriores de la oposición socialista, que creíamos superadas con el señor Amate, aunque, lamentablemente, la realidad demuestra que no es así".

El alcalde almeriense asegura que la contratación de Foster para el diseño y construcción del futuro Palacio de Congresos responde únicamente a "criterios profesionales y si el señor Amate tiene pruebas de lo contrario debe acudir inmediatamente a los tribunales. Es más -añadió-, le exijo que vaya, como va a hacer el equipo de Gobierno si jurídicamente hay elementos para ello".

Para el primer edil, José Antonio Amate, "ha perdido el norte y la dignidad y está demostrando que las llamadas a la responsabilidad y a la lealtad institucional que hizo durante su discurso en la constitución de la nueva Corporación municipal no eran más que patrañas".

Rodríguez-Comendador considera que la oposición "debe ejercer su labor de forma seria y rigurosa, no con insinuaciones y falsedades". Para el alcalde, "en política no vale todo y si tiene alguna sospecha de algo debería ponerlo de inmediato en conocimiento de un juez, no de los medios de comunicación".

El Palacio de Congresos ha sido objeto de un recurso de reposición por parte del PSOE ante el Ayuntamiento debido a la fórmula escogida por el equipo de Gobierno para contratar a Foster. Se trata del procedimiento negociado sin publicidad; un contrato directo que el Partido Popular asegura que es legal dada la excepcionalidad del proyecto con el que se pretende dotar a Almería de un edificio singular.

Los concejales del PP mantienen que el contrato ha sido visado por siete técnicos municipales, que han elaborado un expediente de más de 700 páginas en el que hay informes que respaldan la fórmula adoptada.