La empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández, S.L., ha manifestado a este periódico su discrepancia con la sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Almería, y de la que ya dio cuenta Diario de Almería, mediante la que se da por conforme a derecho el convenio rubricado por la empresa y el anterior equipo de Gobierno socialista garruchero, lo que lleva aparejado el pago de dos millones de euros al Consistorio en compensación al supuesto incremento de edificabilidad en la promoción construida por Hermanos Muñoz junto al Castillo de Jesús Nazareno.

Fuentes de la promotora manifiestan que "la legislación urbanística no permite el pago de dinero para resolver lo que la sentencia entiende que es una ilegalidad urbanística. No puede existir ilegalidad urbanística cuando nuestra edificación está amparada por una licencia del Ayuntamiento que fue declarada ajustada a derecho por el Consejo Consultivo de Andalucía". Reprocha asimismo a la sentencia, "que no haya citado ningún precepto sustantivo que ampare su decisión". Por otra parte, entiende que la sentencia "no ha tenido en cuenta que existe en el expediente un informe favorable emitido por técnicos del Ayuntamiento de Garrucha que determina que la modificación de la unidad de actuación propuesta por la promotora era conforme a la normativa urbanística de Garrucha".

La empresa también censura al Juzgado "que no haya considerado que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, en julio de 2008, le otorgó la licencia de primera ocupación de las 28 viviendas en litigio sin tener en cuenta el contenido del convenio por considerar que es una actividad reglada y por tanto no sometida a convenio". De otro lado, la empresa Hermanos Muñoz, S.L., entiende que el Juzgado "no ha considerado la existencia de una sentencia del mismo Juzgado del año 2009 donde se declara la caducidad del expediente de la segunda revisión de la licencia iniciada por el Ayuntamiento de Garrucha porque este Ayuntamiento no la tramitó dentro del plazo de tres meses que marca la Ley".

Las mismas fuentes añaden que "el conflicto nace de la errónea medición de la parcela comprada por la empresa en las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Garrucha y su superficie real y la sucesiva negativa del entonces equipo municipal gobernante en Garrucha a la modificación de los límites del terreno a los límites reales de nuestra propiedad". Según expresan desde Hermanos Muñoz Fernández, el entonces concejal de Urbanismo, Martín Peña, "nos autoriza verbalmente a que construyamos las 134 viviendas tal y como figura en el proyecto aprobado por el Pleno de la Corporación municipal". Posteriormente, a raíz de la denuncia de un tercero, Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández, S.L., solicita de nuevo la modificación urbanística de los límites de su propiedad a lo cual el Ayuntamiento se niega a no ser que se le paguen los dos millones de euros "para lo cual nos revisa por segunda vez una licencia que ya fue declara legal y nos suspenden las obras para que no podamos escriturar a nuestros clientes las viviendas antes del verano del año 2006, después el Juzgado de lo Contencioso número 2 declara que esta segunda revisión no tiene efecto jurídico alguno".