Un año después de aquel "optimista" anuncio ministerial, el Sindicato Profesional de Justicia de Andalucía (SPJ-USO) denuncia que la implantación del proyecto "papel cero" en los juzgados de Almería y del resto de las provincias andaluzas se hizo de forma precipitada y con importantes deficiencias, los que esta formación sindical ya denunció, pues a pesar de los importantes esfuerzos que por parte de todos los colectivos afectados se han realizado (funcionarios de justicia, letrados judiciales, jueces, abogados, procuradores) el expediente digital sigue sin ser una realidad y sin cumplir las expectativas que se habían puesto en el.

Durante este tiempo los funcionarios de la Administración de Justicia han tenido que lidiar con un sinfín de nuevas aplicaciones informáticas que rara vez han funcionado bien desde el principio, ni lo hacen aún en la actualidad. Por su parte los Abogados y Procuradores han tenido que solventar no pocos problemas con sus respectivos programas informáticos y a día de hoy el sistema LEXNET sigue bloqueándose con demasiada frecuencia, y sin soportar la transmisión de archivos pesados, que han de ser entregados mediante soporte físico en el registro del juzgado, lo cual implica que el procurador los aporta grabados en un CD y nuevamente repercute este problema en la labor del funcionario, que tiene que abrir cada documento, en ocasiones miles, y después convertirlos en PDF para incorporarlos uno a uno al sistema.

Por si fuera poco, SPJ-USO ha detectado que existen aún muchísimos Juzgados en los que los funcionarios se ven obligados a imprimir todas las demandas y escritos presentados por las partes por orden de sus respectivos superiores, que se niegan a adaptarse a la nueva normativa. No es poco relevante la cuestión, pues los funcionarios se ve obligados a consumir gran parte de su jornada laboral en realizar una tarea que es contraria a la propia Ley 42/2015, como si no fuera suficiente con la sobrecarga de trabajo que ya soportan. La consecuencia inmediata de ello, es que a raíz del anuncio del proyecto "papel cero", se ha "triplicado" el consumo de papel en la Administración de Justicia, así como el consumo de tóner y gastos de mantenimiento de las impresoras, todo ello a costa de las arcas públicas, lo cual supone una evidencia de que esto, hasta la fecha, más que un proyecto serio ha sido una "aventura" improvisada.