La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un segundo escrito de conclusiones en relación con el supuesto perjuicio de 1,8 millones causado a Invercaria por las ayudas al Operador Aéreo Andalus, en el que ha solicitado una condena de dos años y medio de cárcel para el ex consejero de Cultura de la Junta José María Martín Delgado, que fue presidente del consejo de administración de esta sociedad.

El Ministerio Público ha presentado la acusación en el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, en la que también solicita una pena de seis años de cárcel para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo y para la que fuera miembro del consejo de administración Isabel de Haro Aramberri, mientras que reclama penas de dos años y medio de prisión para los accionistas del Operador Aéreo Andalus, los hermanos Fernando y Pedro José Guerrero Ros.

El juez de Instrucción número 16 de Sevilla, Juan Gutiérrez Casillas, dictó recientemente el auto de procesamiento por esta pieza de Invercaria -la cuarta finalizada junto a las de Lolita Canalla, Fumapa y de la modista Juana Martín-, en la que atribuye a los encausados delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

Operador Aéreo Andalus se constituyó en marzo de 2007 y el 3 de noviembre de 2008 Invercaria pasó a formar parte del accionariado, con una inversión de 40.000 euros y el 4,60%, y al mismo tiempo formalizó un préstamo por valor de 410.000 euros. Ambas operaciones, según el juez, fueron directamente asumidas por el presidente consejero delegado de Invercaria, Tomás Pérez-Sauquillo. Ese mismo día, 3 de noviembre de 2008, fue contratado Fernando Guerrero Ros como director general de OAA, con un sueldo anual de 125.000 euros más incentivos, y coincidente con esta operación Caja Granada acudió a una ampliación de capital, aportando 120.000 euros y asumiendo un 13,79% de la sociedad.

"La mencionada operación se realizó sobre un plan de negocios que posteriormente fue calificado de irreal y sin detalle, ya que no permite anticipar las necesidades materiales, financieras y de recursos humanos que permitieran el arranque del proyecto y la viabilidad del mismo a medio y largo plazo. Tampoco incluía un plan de contingencias ni medidas correctoras", lo que supuso un "incremento del riesgo financiero y la ruptura de la actividad", sostiene el instructor.