Andalucía

La Audiencia cierra la posibilidad a ampliar los acusados de la "pieza política" de los ERE

  • El tribunal reitera que se vulneró la normativa "de manera torticera, palmaria y grosera"

La Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla ha cerrado la posibilidad a ampliar el número de ex altos cargos acusados en la pieza del denominado "procedimiento específico" de los ERE, en la que están acusados entre otros los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, al haber desestimado los dos últimos recursos presentados por el sindicato Manos Limpias, que había pedido el procesamiento de 15 ex altos cargos que en su día fueron exculpados por el juez de refuerzo.

El tribunal ha confirmado en dos autos el archivo de la causa contra Francisco García Martínez, ex secretario general de Empleo, y de Juan Luque Alfonso, el que fuera interventor delegado en la Consejería de Empleo de la Junta.Con estos dos recursos desestimados, el juicio de la pieza política de los ERE sentará en el banquillo de los acusados a 25 ex altos cargos de la Junta.

En el auto que confirma la exculpación de Juan Luque Alfonso, la Audiencia reitera, como en otros autos anteriores, que el procedimiento específico es un "entramado jurídico creado en el año 2000 y mantenido hasta el año 2009, en el que de manera torticera, palmaria y grosera, se vulneró la legislación en materia de subvenciones para conceder de modo arbitrario ayudas sociolaborales y a empresas en crisis".

De otro lado, la juez de la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla Carmen Barrero Rodríguez será la encargada de instruir el incidente de recusación del magistrado Pedro Izquierdo, quien el pasado jueves remitió su informe en el que considera que no debe ser apartado del juicio de los ERE al presidente de la Audiencia, Damián Álvarez. Una vez que la magistrada instruya la recusación y emita su propuesta, será otra sección de la Audiencia de Sevilla la que resolverá si Pedro Izquierdo debe seguir presidiendo el juicio y siendo el ponente o queda apartado del mismo.

La instructora del incidente, según la ley orgánica del Poder Judicial, ordenará la práctica, "en el plazo de 10 días, de la prueba solicitada que sea pertinente y la que estime necesaria y, acto seguido, remitirá lo actuado al tribunal competente para decidir el incidente".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios