La juez María Núñez Bolaños, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha reclamado al Gobierno central que aporte las ayudas a las prejubilaciones concedidas entre los años 2001 y 2011, una petición realizada a instancias de uno de los investigados en la causa, el ex directivo de Vitalia Antonio Albarracín.

Con esta petición, según algunas fuentes del caso consultadas por este periódico, la instructora trataría de determinar si las ayudas que otorgó el Estado tendrían la mismas carencias en cuanto a la falta de convocatoria, bases y publicidad que se atribuyen a los ERE de Andalucía, así como si había una inobservancia de las rígidas formalidades de las subvenciones, y si dichas ayudas eran intervenidas por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Es decir, si estaríamos ante un "fondo de reptiles" de la Administración central.

La providencia de la magistrada, que tiene fecha del 20 de julio, requiere a la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para que aporte la relación de "ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas en el periodo de tiempo investigado en el presente procedimiento, desde el año 2001 al año 2011, indicando en cuáles de ellas se realizó concurso público y con aportación de la documentación que acredite la celebración de esos concursos, caso de haberse llevado a cabo".

De la misma forma, la instructora solicita al Ejecutivo central que informe "si las ayudas extraordinarias eran finalmente ingresadas por algún organismo estatal o por la Subdelegación del Gobierno, a las compañías de seguros que les indicaban las empresas tomadoras del seguro o la representación sindical, solicitantes ambas de las ayudas, sin realizar ningún tipo de comprobación respecto a si era o no adecuado el coste de la póliza de seguros".

La petición de esta información al Ministerio de Trabajo se produce tras la solicitud realizada en el mismo sentido por la defensa del ex director de Vitalia Antonio Albarracín. El abogado de Albarracín justifica la necesidad de la práctica de la prueba en que hasta el momento, "cuando se han cumplido más de cinco años de instrucción, se ha dado por bueno entre otros por los peritos de la dirección general de Seguros, que en todas las ayudas de la Administración para prejubilaciones se utilizaba la convocatoria de concursos públicos, y esto, como se pone de manifiesto en el procedimiento, no ha sido así, al menos respecto a las 15 ayudas extraordinarias concedidas para la minería de Huelva en donde no consta concurso público alguno". La defensa señala que esto se comprueba en la documentación aportada por al Subdelegación del Gobierno en Huelva relativa a la Faja Pirítica.

Albarracín sostiene que está en condiciones de afirmar que "tampoco se habría realizado concurso público en el resto de ayudas extraordinarias para prejubilaciones concedidas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, circunstancia ésta nada anormal, al haberse aplicado la orden ministerial de 5 de abril de 1995".

La defensa concluye que es procedente comprobar si el Gobierno central actuó en el resto de las pólizas de prejubilación financiadas por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entre 2001 y 2011 de forma similar al caso de la minería onubense. Para esta parte, tiene "indudable interés" conocer si el Estado actuó "de forma diferente a cómo actuó la Junta de Andalucía, o se limitó a aportar la financiación a las pólizas y con las aseguradoras que le indicaban las empresas tomadoras y la representación sindical, y todo ello sin realizar ningún tipo de concurso ni comprobación respecto de si estaba o no el precio de acuerdo al mercado asegurador existente".