Carente de credibilidad. Defensa corporativista de los intereses y privilegios de los jueces, magistrados y secretarios judiciales. Sin autocrítica. Compendio de acusaciones gratuitas a los funcionarios. Éstas son algunas de las conclusiones recogidas en el acuerdo de la junta de personal de la Administración de Justicia de Granada contra el informe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre la situación de la justicia en la comunidad autónoma, presentado en diciembre del pasado año. El acuerdo de la comisión permanente de la junta de personal, remitido al presidente del TSJA, Ernesto Méndez de Lugo, a mediados del mes pasado, está rubricado por las centrales sindicales SPJ-USO, STAJ, CSI-CSIF, CCOO y UGT.

En él se arremete contra el informe del TSJA por considerarlo un claro intento de apoyar la resistencia de buena parte de los jueces y magistrados a aceptar la reforma del sistema judicial de 2003, según un portavoz de los funcionarios. Para éstos, el alto tribunal andaluz se ha basado "en datos ni empíricos ni reales" para analizar la situación y las necesidades de personal en los juzgados.

Las conclusiones del estudio del TSJA sobre el absentismo de los funcionarios "obedece a una defensa corporativista de los intereses y privilegios" de los jueces, magistrados y secretarios judiciales que, a raiz del llamado caso Mari Luz, "están intentando derivar la responsabilidad" a la Junta de Andalucía y a los funcionarios, contra quienes se realizan "acusaciones gratuitas", censura la junta de personal.

La oposición de los funcionarios granadinos -avanzadilla de la corriente de opinión extendida en la mayoría de las provincias andaluzas, según un portavoz- al informe del TSJA queda de manifiesto cuando afirman que "se deduce una clara lucha de poder con la Administración por el control del personal de los juzgados y tribunales". Los sindicatos firmantes del acuerdo afirman asimismo que "se detecta un claro anhelo por mantener sus privilegios y la situación decimonónica en la que ha estado la Administración de Justicia en España".

La falta de autocrítica y de rigor que achacan los funcionarios al informe del TSJA queda demostrada al no recoger las quejas de los colegios de abogados por la "falta de puntualidad y seriedad" en las vistas y juicios, "que muchas veces se suspenden por la falta de asistencia" de los titulares de los órtganos judiciales.