El Defensor urge a la Junta a atender el "déficit crónico" de servicios a dependientes

  • José Chamizo denuncia en un informe la "escasa previsión de los poderes públicos" al aplicar la nueva ley

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, volvió ayer a llamar la atención a la Junta de Andalucía por los vagos resultados que detecta un año después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia. Chamizo -que entregó a Mar Moreno, la presidenta del Parlamento, un informe sobre dependencia y mayores- alentó al nuevo Gobierno que salga de las urnas el 9 de marzo a que actúe con urgencia para resolver "el crónico déficit" de plazas y prestaciones que se da en los recursos sociales andaluces.

Según el documento, Andalucía se encuentra por debajo de la media española en las ratios de ayuda a domicilio y en plazas residenciales. Destaca José Chamizo que sólo en teleasistencia, plazas de estancia diurna y subvenciones para ayudas al hogar se sitúa la comunidad en los niveles nacionales. Ante esta situación, el 85 por ciento de los andaluces con una edad comprendida entre los 65 y 79 años recibe alguna ayuda de sus familiares, que alcanza el 87 por ciento en los mayores de 80.

El informe también evidencia que "la tasa de discapacidad de los mayores andaluces supera ampliamente la media española, presentando también Andalucía una mayor prevalencia de la dependencia". La tasa de discapacidad en Andalucía es de 394,38 por 1.000 habitantes de más de 65 años de edad, un 22 por ciento superior a la tasa media nacional. El texto resalta igualmente que entre el 40 por ciento y el 50 por ciento de las personas mayores de 65 años en Andalucía necesitan ayuda para realizar alguna actividad de la vida diaria.

A pocas semanas de las elecciones autonómicas, el Defensor también hizo un llamamiento a las fuerzas políticas para sacar la dependencia de la disputa política tras el debate abierto entre la Consejería de Bienestar Social y algunos ayuntamientos del PP sobre los retrasos en la aplicación de la ley. "Las disputas, cuando este colectivo está por medio, son estériles", insistió José Chamizo.

"Los datos resultantes a lo largo del ejercicio han evidenciado la escasa previsión en los poderes públicos para acometer la magnitud de las demandas ciudadanas, lo que mas allá de los incumplimientos de los plazos procedimentales ha originado cierta decepción en sus potenciales beneficiarios", resalta el documento en sus conclusiones. Así, el Defensor considera uno de los principales retos a solventar "la demora que vienen sufriendo las solicitudes de reconocimientos de la situación de dependencia".

La Junta señaló el 25 de enero que eran más 88.000 las solicitudes presentadas, de las que se habían valorado el 75 por ciento y, de ellas, 20.000 personas tenían ya apobrado su Programa Individual de Atención, es decir, ya disponían de prestaciones. La ley, por su calendario de aplicación, sólo atiende actualmente a grandes dependientes y los incluidos en el nivel dos de los dependientes severos.

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